El Gobierno de Sudán reiteró ayer que no reconoce la Corte Penal Internacional (CPI), y que la revisión de la orden de detención contra el presidente sudanés, Omar al Bachir, por supuestos crímenes en Darfur, "no le interesa mucho".

El Ejecutivo sudanés reaccionó así al anuncio de la cámara de apelación de la CPI, con sede en La Haya, que ordenó por unanimidad revisar la orden de detención contra el mandatario sudanés para volver a examinar si se le puede imputar por el cargo de genocidio.

Sobre Al Bachir pesa desde el 4 de marzo pasado una orden de detención internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, donde 35.000 personas han sido asesinadas y más de 300.000 han fallecido por hambre y enfermedad desde 2003, según datos de la ONU.

El Gobierno de Jartum subrayó que se mantiene firme en su postura de no reconocer ninguna potestad o prerrogativa de ese tribunal sobre los ciudadanos sudaneses.

Por ello, el Ejecutivo sudanés, "en esta etapa, no da importancia a las destructivas actividades políticas que procuran afectar los esfuerzos de paz que se llevan a cabo en Qatar, y el proceso electoral que ha registrado un gran avance para lograr un cambio democrático", dijo la nota.

Sudán no ha suscrito el Estatuto de Roma, por el que se fundó la CPI y que entró en vigor en 2002.