El Tribunal Supremo de Argentina fue ayer protagonista de un hecho histórico al declarar inconstitucionales, por siete votos contra dos, las leyes de punto final y obediencia debida que, en 1987, impidieron que se juzgara a centenares de militares, policías y agentes de seguridad acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-83).

El presidente Néstor Kirchner dijo que el fallo marca el fin de la impunidad y "nos devuelve la fe en la Justicia". Organizaciones defensoras de los derechos humanos, que calculan en 30.000 las víctimas de los años de terror, celebraron el fallo a las puertas del tribunal con llantos y abrazos. "Hemos convivido con ladrones y asesinos que en realidad tendrían que haber estado condenados", dijo Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo (entidad que busca a los hijos de desaparecidos).

Numerosas causas --entre ellas las que investigan los hechos ocurridos en los campos de concentración controlados por la Armada y el Ejército, en los que murieron miles de personas-- se encontraban congeladas a la espera del pronunciamiento del máximo tribunal. En la actualidad, 150 oficiales, suboficiales y expolicías están siendo procesados. Pero según el ministro de Defensa, Jorge Pampuro, ahora pueden ser citados por la justicia "entre 500 y 1.000".

INQUIETUD EN EL EJERCITO Pampuro reconoció que "lógicamente hay inquietud en algunos hombres pero no en todas las Fuerzas Armadas". El jefe del Ejército, el general Roberto Bendini, también trató de restarle dramatismo al fallo. "Ahora", dijo, "se va a juzgar y a condenar, o no, a los responsables", un paso "necesario" para iniciar el reencuentro "tan ansiado por todos los argentinos".

Lo cierto es que nadie se sorprendió con la resolución del tribunal, basada en un caso emblemático: la desaparición de la argentina Marta Gertrudis Hlaczik y el chileno José Liborio Poblete y el posterior robo de la hija de ambos, Claudia Poblete. Semanas atrás, el procurador general de la nación (jefe de los fiscales), Esteban Righi, dijo que las leyes de obediencia debida y punto final iban contra de los tratados internacionales suscritos por el país y que aluden al caracter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad.

Desde ese momento, los días de impunidad que gozaron durante años muchos represores comenzaron a contarse con los dedos de la mano. Dos factores hicieron finalmente insostenibles las controvertidas normas: de un lado, con Kirchner se renovó casi por completo un Tribunal Supremo que había sido afín al presidente Carlos Menem, el mismo que indultó en 1990 a los jerarcas de las Juntas Militares y a numerosos represores. Por otra parte, la posibilidad de que los militares fueran juzgados en varios países europeos obligó a crear las condiciones políticas y legales para que los procesos fueran en el país.