Las peticiones para recurrir a los tribunales de EEUU que han presentado algunos de los más de 600 detenidos en la base de Guantánamo (Cuba) llegaron ayer al Tribunal Supremo en Washington. La más alta magistratura estadounidense comenzó a revisar, por primera vez, si estos prisioneros tienen derecho a recurrir a los tribunales federales de EEUU.
"Es totalmente artificial decir que el Ejecutivo puede crear una zona sin ley, donde no tiene que rendir cuentas a ningún poder judicial de ningún sitio", argumentó el juez John Gibbons en nombre de los detenidos. Además, añadió que "siempre ha estado claro, en los últimos 215 años" que los detenidos bajo la jurisdicción federal pueden acceder a los tribunales de EEUU.
La posición de la Administración de George Bush es radicalmente opuesta a esta tesis y se basa en que "Estados Unidos está en guerra", según dijo el abogado del Estado, Theodore Olson. Si el Supremo se alinea con los presos de Guantánamo, "colocaría a los tribunales federales en posición de decidir cómo maneja el Ejecutivo a los combatientes enemigos capturados en zonas distantes, algo sin precedentes", añadió.
Aunque la audiencia sólo revisó las posiciones de ambos bandos con respecto a dos demandas presentadas por dos detenidos y otros dos ya liberados, la decisión del Supremo tendrá un gran impacto sobre los 600 retenidos en Guantánamo, muchos de ellos apresados en operaciones contra Al Qaeda en Afganistán y en Pakistán.
La presentación de los alegatos fue muy intensa. Los nueve magistrados se quitaron la palabra unos a otros para interpelar a los letrados. No en vano se trata del caso más importante sobre seguridad nacional que ha llegado hasta la más alta magistratura en los últimos años.
