El lobi de las armas en Estados Unidos se ha apuntado una importante victoria en el Tribunal Supremo, que por una ajustada votación 5-4 ha extendido esta mañana a ciudades y estados el derecho federal a tener armas recogido en la segunda enmienda de la Constitución.

Los efectos prácticos a corto plazo de la decisión son aún inciertos pero su peso simbólico es enorme. Si hasta ahora los estados y ciudades podían legislar sobre la posesión de armas, ahora el alto tribunal determina que la ley federal se impone a esos designios estatales y locales. Así, cualquiera que viva en un estado donde se restrinja o prohiba la posesión de armas en el hogar para protección podrá acudir a partir de ahora a los tribunales y retar esa prohibición.

Hace ya dos años, en una votación igualmente ajustada y en la que los mismos cinco jueces conservadores y moderados impusieron su visión a la de los más progresistas, el Supremo había decidido en un caso parecido en Washington DC, pero el estatus anómalo del Distrito de Columbia hacía que su decisión se limitara a las leyes federales. Ahora, al tratar un caso iniciado en Chicago, lo decidido afecta a todo el país.

USO DOMÉSTICO

La decisión mayoritaria de hoy solo afecta a las armas de mano que los ciudadanos quieran mantener en su hogar para protegerse y los magistrados, como ya hicieron en el caso de hace dos años, aseguran que su sentencia no entra a dilucidar otros aspectos del tema como la posesión de armas por parte de antiguos convictos o de enfermos mentales o la posibilidad de llevarlas en lugares especialmente sensibles como escuelas o edificios gubernamentales.

Aunque la decisión se refiere a las armas, en el fondo plantea un viejo debate sobre la relación entre la autoridad federal y la de los estados, similar al que se ha planteado con la ley de la inmigración aprobada por Arizona. La segunda enmienda, como todas las de la Constitución estadounidense, en principio solo afectaba al Gobierno federal, pero luego se decidió que la mayoría de los mandatos de esa Carta Magna, aunque no todos, se aplicaban también a los estados. En el caso de la armas, los magistrados del Supremo han apelado a una claúsula de la decimocuarta enmienda (enmienda que se añadió tras la guerra civil), que habla sobre "proceso debido". Expertos constitucionalistas esperaban, sin embargo, que hubieran usado otra clausula también incluida en la decimocuarta enmienda en la que se estipula que "ningún estado debe hacer o aplicar ninguna ley que limite los privilegios o inmunidades de ciudadanos de los Estados Unidos de América".