El viernes fue un día triunfal para la mano de hierro de Donald Trump en inmigración. El presidente de EEUU obtuvo un espaldarazo trascendental desde el Tribunal Supremo, que dio luz verde a la apropiación extraordinaria de fondos para el muro en la frontera con México que el mandatario inició después de que el Congreso le negara el dinero. Además, Trump selló con Guatemala un acuerdo que convierte de facto al país centroamericano en una barrera para frenar a los migrantes al permitir enviar a Guatemala a solicitantes de asilo que hayan pasado por allí en su camino hacia EEUU.

El dominio conservador en el Supremo que Trump ha logrado con el nombramiento de dos jueces le da frutos. Los cinco magistrados de esa mayoría determinaron que Trump puede usar los 2.500 millones que desvió de Defensa para construir o reconstruir 160 kilómetros del muro mientras se resuelven casos pendientes en tribunales inferiores. Esa apropiación la realizó en febrero con una declaración de emergencia nacional.

Esta llegó después de que la guerra por el muro llevara a 35 días de cierre parcial de la Administración que acabaron con un acuerdo que le daba a Trump 1.380 millones, lejos de los 6.700 que buscaba.

IMPLICACIONES / La breve decisión del Supremo no llena ni tres folios pero sus implicaciones son extensas y eso explica el triunfalismo que Trump expresó en un tuit.

Por una parte, apunta a que la mayoría conservadora le apoyará en la resolución final de los casos. Por otra, pone en cuestión la capacidad de grupos privados como el medioambientalista Sierra Club o la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, que plantearon la demanda inicial, para personarse contra las decisiones de la Administración. Ya con anterioridad otro tribunal en Washington rechazó la autoridad legal del Congreso para presentar demandas contra la emergencia nacional.

También es victoria significativa para Trump el acuerdo con Guatemala, país al que esta misma semana el mandatario había amenazado con imponer aranceles, comisiones en las remesas y un veto a sus ciudadanos si no colaboraba como él quería en el freno de la migración, sobre todo de centroamericanos.

La presión ha surtido efecto y el ministro de Exteriores guatemalteco, Enrique Degenhart, firmó con el secretario en funciones de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin McAleenan, un acuerdo por el que los migrantes que pasen por Guatemala deberán pedir asilo allí y, si no lo hacen, podrán ser enviados de regreso si intentan solicitarlo en EEUU. Los que sí estarán exentos serán los menores no acompañados.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD / Formalmente no es la declaración de «tercer país seguro» que buscaba Trump (paso que el Supremo guatemalteco impidió dar al presidente, Jimmy Morales, sin aprobación de su Congreso) pero lo es en la práctica.

Y organizaciones de derechos humanos han reaccionado recordando las problemáticas condiciones económicas y de seguridad en Guatemala. Desde Refugees International, por ejemplo, se recuerda que el país «no es de ningún modo seguro para refugiados y quienes buscan asilo». De hecho, el propio Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses que se replanteen viajar a varias áreas Guatemala y, en su web, avisa que los crímenes violentos «son comunes», la actividad de las pandillas «está muy extendida» y, además, la policía no tiene recursos.

Otras ONG han cuestionado la capacidad de Guatemala para procesar las miles de peticiones de asilo que, de implementarse el acuerdo, recibirán de países como Honduras y El Salvador.

Desde el Gobierno de Donald Trump, que acostumbra a criminalizar y demonizar generalizando a inmigrantes y países enteros, esta vez el mensaje es muy diferente.

«Es arriesgado etiquetar todo un país como inseguro», dijo McAleenan. «A menudo pintamos América Central con una brocha demasiado gorda».