El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó hoy revisar la constitucionalidad de las inyecciones letales que se utilizan para ejecutar sentencias de muerte tras la demanda interpuesta por dos condenados que consideran que infligen un sufrimiento innecesario. Los dos reclusos, Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling Jr. -ambos condenados a muerte-, presentaron en 2004 una demanda contra el estado de Kentucky para detener el uso de las inyecciones letales. El Estado de Kentucky ha ejecutado solo una persona, en 1999, con el método de inyección letal.

Al menos 11 de los 37 estados que utilizan inyecciones letales para ejecutar condenados han suspendido el método tras las denuncias sobre su supuesta crueldad. Una dosis insuficiente de anestésicos, uno de los tres productos utilizados en la inyección, produce, al parecer, al penado grandes dolores antes de su muerte.

La demanda presentada por los abogados de Baze y Bowling señala varias ejecuciones en las que los condenados vivieron hasta dos horas después tras recibir la inyección. La ejecución de Baze estaba programada para esta noche, pero a principios de septiembre el Tribunal Supremo de Kentucky la suspendió. Blaze, de 50 años, está condenado por el asesinato en 1992 de dos policías del estado de Kentucky, mientras que Bowling fue considerado culpable de la muerte de un matrimonio en 1990 y fue condenado a muerte. Su ejecución también fue paralizada tras presentar la demanda contra las inyecciones letales.

Las inyecciones letales se han convertido en el método más popular de ejecución en Estados Unidos tras la reinstauración de la pena de muerte en 1977. Según datos del Departamento de Justicia, entre 1977 y el 2006, 1.056 personas fueron ejecutadas en el país. La última estadística sobre los métodos de ejecución es de 2004. De 1977 al 2004, de los 944 personas ejecutadas, 776 recibieron inyecciones letales.