El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, se enfrenta a la crisis más grave de sus ocho años al frente de la jefatura del Estado. El Tribunal Supremo le asestó ayer un duro golpe al declarar "ilegal" la destitución decretada por él mismo contra Iftikhar Mohammed Chaudhry, magistrado jefe del máximo tribunal. El fallo, emitido cuando Musharraf se enfrenta a una oleada de sangrientos atentados suicidas integristas, puede poner en peligro la reelección que persigue el presidente para un nuevo mandato de cinco años.

La suspensión desencadenó numerosas y masivas protestas de los abogados del país y de los partidos de la oposición, laicos y religiosos, que fueron en aumento hasta convertirse en un potente clamor. Chaudhry fue acusado de abuso de poder y nepotismo, concretamente de haber utilizado sus influencias para que uno de sus hijos obtuviera un importante cargo en la policía. Ayer, por el contrario, abogados y opositores celebraron el veredicto y lo consideraron "una victoria para todo el país".

Los partidarios de Chaudhry acusan a su vez al presidente de haber apartado al magistrado de su cargo no por pequeñas corruptelas, sino por oponerse a sus maniobras para la reelección. Efectivamente, en varias ocasiones, Chaudhry dejó entrever que la Constitución no permitía al jefe del Estado saliente presentarse ante el Parlamento en otoño para obtener un nuevo mandato antes de que la Cámara sea renovada en unas elecciones legislativas previstas para finales del 2007 o principios del 2008. Musharraf detenta, desde el golpe de Estado incruento del 12 de octubre de 1999, la presidencia del país y la jefatura del Ejército.

FALLO ACATADO Diez de los 13 jueces del Tribunal Supremo declararon "ilegal" la orden del presidente y pidieron la retirada de todas las acusaciones. El primer ministro, Shaukat Aziz, fiel al presidente, anunció, igual que lo hizo el propio Musharraf, que acepta el fallo del Supremo.

A su pesar, Chaudhry se ha convertido en el héroe de un Pakistán convulso en el que los militares se esfuerzan por mantener un orden que hace tiempo ya no controlan. El sangriento desenlace de la Mezquita Roja de Islamabad, aunque fue presentado como un triunfo de las fuerzas militares, fue una victoria pírrica. Desde hace siete días los atentados se suceden y el número de muertos supera los 200. Las autoridades militares y políticas son desafiadas por los sectores integristas, que pretenden derrocar al presidente para imponer una república islámica.

En el plano jurídico, el retorno de Chaudhry a la cabeza del Supremo compromete las maniobras de Musharraf. El presidente de Pakistán no se elige por sufragio universal, sino por el Parlamento, y las legislativas cambiarían el actual equilibrio de fuerzas, que le es favorable.