El escándalo de las torturas a presos iraquís que hace tambalear a la cúpula del Pentágono ha colocado también en el ojo del huracán a las compañías privadas contratadas por los militares estadounidenses en Irak, el ejército de nuevos mercenarios que incluso se encargan del interrogatorio de prisioneros.
Dos de ellos son "directa o indirectamente responsables" de los abusos en la siniestra prisión de Abú Graib, según denuncia el explosivo informe confidencial encargado por el Ejército al general Antonio Taguba. El texto confirma los abusos y ha forzado al Gobierno de George Bush a buscar la manera de llevar ante la justicia a los mercenarios implicados.
"Tomaremos medidas"
"La sádica tortura de iraquís en esa prisión plantea cuestiones graves sobre la responsabilidad de empresas privadas contratadas por EEUU que participan en actividades ilegales", subrayó la representante demócrata Janice Schakowsky, en una carta a Bush. Como otros miembros del Congreso y analistas de Defensa, Schakowsky teme que el limbo legal en que se mueven estas empresas permita que los delitos cometidos por sus empleados en zonas de guerra queden impunes.
"No podemos permitir una situación en la que castigamos a los soldados por haber hecho ciertas cosas, mientras dejamos que estos empleados privados se escurran entre los huecos del sistema", afirmó Peter Singer, autor de Guerreros empresariales: el ascenso de la industria militar privatizada .
"Estamos conmocionados por esas conductas que violan los derechos de los detenidos, y tomaremos las medidas pertinentes, bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia", respondió el jueves el fiscal general, John Ashcroft, mientras sus abogados buscaban afanosamente leyes que permitan procesar a los mercenarios. Una de ellas puede ser la ley de jurisdicción militar extraterritorial de 1999, que nunca se ha usado pero que se aprobó como respuesta a los abusos de mercenarios de la empresa estadounidense DynCorp en Bosnia. No fueron procesados aunque traficaron con prostitutas.
Mientras, supuestamente, los soldados de EEUU están sujetos a estrictas normas de actuación y a la vigilancia del Gobierno, los miles de empleados de empresas privadas que trabajan para el Pentágono en Irak y Afganistán en tareas tan delicadas como el espionaje, la seguridad o el interrogatorio de prisioneros, se mueven en una situación legal poco definida que puede dar pie a abusos.
Buena muestra de ello son el procesamiento de seis soldados y la amonestación a siete oficiales de EEUU por las torturas de Abú Graib, frente a la falta de acción contra los dos mercenarios que tomaron parte en ellas, según el informe Taguba .
Este documento cita a Steven Stephanowicz, empleado de la compañía CACI Internacional, que interroga a presos iraquís, y al intérprete John Israel, de la empresa Titan Corporation, como responsables de torturas. Stephanowicz "permitió o/y dio instrucciones" a la policía militar que interrogaba sobre "cómo establecer las condiciones" para realizar las preguntas, se lee en el informe. "El sabía claramente que sus instrucciones equivalían a abusos físicos", denunció Taguba. Además, arremetió contra Stephanowicz por mentir sobre "los lugares de sus interrogatorios, sus actividades durante los mismos y su conocimiento de los abusos".
"Ejercicios extraños"
Israel "negó haber visto interrogatorios, pero se contradice con varios testigos", explica el informe. El documento también menciona a Adel L. Nakhla, otro mercenario de Titan, al que cita como "sospechoso" de participar en las torturas. Nakhla dijo haber visto que "se obligaba a los iraquís a hacer ejercicios extraños, como arrastrarse boca abajo, saltar, echarles agua encima, insultarles llamándolos maricas y poniéndolos en posturas similares a como éstos hacen el amor, esposarlos y encadenarlos para amontonarlos unos encima de otros".
Ni la compañía CACI ni Titan han recibido hasta ahora notificación del Pentágono para que despidan a sus empleados. "No podemos confirmar que estuvieran implicados en los abusos", declaró Jack London, presidente de CACI, y añadió que tampoco ha recibido "informe negativo alguno" de los militares. Hay 27 de ellos trabajando como interrogadores en Abú Graib, además de cientos de traductores de Titan Corporation, según explicó el viernes en el Senado el teniente general Lance Smith, jefe adjunto del mando central norteamericano.
Contrato millonario
Fundada en 1962 y con sedes en Arlington (Virginia, EEUU) y Londres (Gran Bretaña), CACI tiene 9.400 empleados. Además de trabajar para la CIA y para la Agencia de Seguridad Nacional, en marzo firmó servicios de "inteligencia" con el Pentágono, por 11,9 millones de dólares (10 millones de dólares), para ayudar en la guerra contra el terrorismo. Su principal ocupación es la informática aplicada a la defensa. Los ingresos por su trabajo en Abú Graib sólo suponen un 1% de sus 1.000 millones de dólares de ingresos anuales (841 millones de euros).
