En una balanza donde Donald Trump coloca la ley y el orden y la justicia, el primer platillo pesa más para el presidente de Estados Unidos. Así se deduce de la orden ejecutiva que el mandatario firma este martes para abordar reformas en la policía estadounidense, sacudida de nuevo por las sombras de brutalidad y racismo tras los recientes casos de George Floyd y, este fin de semana, de Rayshard Brooks.
El contenido de la orden ejecutiva, avanzado por sus asesores, está muy lejos de las demandas de cambios mucho más profundos que cientos de miles de personas han estado pidiendo en las calles en protestas. Es también más modesto que cambios planteados por los demócratas en una propuesta de ley en el Congreso o los que han empezado a abordar departamentos de policía locales.
TRES PILARES, NINGÚN RECURSO ECONÓMICO
La orden ejecutiva de Trump tiene tres pilares. Uno es la creación de una base de datos nacional donde se registrarán actos de mala conducta policiales. Otro es crear incentivos para que las policías locales mejoren la formación y el proceso de acreditación de agentes en cuestiones como desescalada de tensiones y uso de fuerza, dando prioridad a los departamentos que lo hagan en la obtención de becas federales. El tercero tratará de ayudar a emparejar a trabajadores sociales y expertos en salud mental con los agentes uniformados para responder en determinados casos. Sin una asignación económica concreta, no obstante, la fuerza de la orden ejecutiva se anticipa débil.
El decreto, que Trump va a presentar en un acto en el jardín de la Rosaleda en la Casa Blanca, ha sido redactado por asesores de la Casa Blanca en colaboración con policía, alcaldes, negros conservadores, líderes religiosos y familias de víctimas. También ha participado en su elaboración Tim Scott, el único senador republicano negro y al que el partido conservador ha encargado la preparación de su propia propuesta de ley. Esta se presentará esta semana pero la la Cámara Alta inicialmente no tiene previsto actuar sobre ella antes del receso del 4 de julio, un retraso que el propio Scott ha calificado de mala decisión.
TRUMP, CON LA POLICÍA
Trump puede haber actuado por la presión social pero se muestra inamovible en su feroz defensa de las fuerzas del orden, en su negación de que exista un problema de racismo sistémico en sus filas y en su rechazo frontal a propuestas ciudadanas que abogan por cortar fondos a la policía y redirigirlos a programas sociales, por no hablar de las que sugieren directamente abolir los departamentos. En unas declaraciones el lunes el presidente, que no quiere perder el apoyo electoral que disfruta en los poderosos sindicatos policiales, insistía en que la mayoría (de los agentes) son gente maravillosa. Y los asesores que avanzaron el contenido de la orden ejecutiva insistían en que nunca se va a solucionar este problema si se demoniza a la policía.
