En un hecho poco habitual, el cada vez más autoritario Gobierno de Turquía ha decidido, ante el rechazo popular manifestado en el país eurasiático, retirar de la votación parlamentaria prevista para hoy el polémico proyecto de Ley que, según opositores, habría podido suspender la pena a sentenciados por violación de menores.

El primer ministro turco, Binali Yildirim, anunció este martes esta retirada de última hora tras topar con protestas ciudadanas durante el fin de semana y declaraciones frontalmente opuestas a esta norma, tanto de partidos políticos, asociaciones feministas como de ciudadanos a través de las redes sociales.

"Estos asuntos se tratarán en una comisión (parlamentaria)", aseguró hoy Yildirim, en declaraciones recogidas por la prensa local. "Si llega una propuesta por parte de la oposición, se desarrollará. Si no, arreglaremos la cuestión a través de las sugerencias de oenegés, ciudadanos, expertos y académicos. El lugar en el que arreglar las cosas es la política", apuntó el 'premier' turco.

El anuncio de Yildirim llega unas horas después de que el presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, apostara por una solución "de amplio consenso". Así, animó al Ejecutivo a buscar una solución ante la oposición popular. "Creo que el Gobierno se beneficiaría si solucionara este asunto a través de un amplio consenso, prestando atención a las críticas y sugerencias de distintos partes de la población", señaló Erdogan a la agencia de noticias estatal Anadolu.

Mientras que los partidos de la oposición, asociaciones feministas y de defensa de los derechos humanos sostienen que la propuesta podría resultar en la excarcelación de violadores de menores, Ankara arguye que busca dar una solución a aquellas familias desprotegidas que fueron obligadas a casarse por una ceremonia religiosa (sin validez legal en Turquía) siendo menores.

Según el Gobierno, más de 3.000 familias están afectadas por este fenómeno, por el cual, el marido es juzgado y generalmente encarcelado por violación a una menor cuando la pareja tiene un hijo y el caso llega a las autoridades. De ahí que el Ejecutivo quisiera suspender de manera indefinida la pena para aquellos casos en los que el supuesto agresor se hubiera casado con la víctima sin coacción, amenazas o violencia de por medio. Asimismo, la propuesta de Ley se habría aplicado solo en una ocasión y de manera retroactiva a los casos anteriores al pasado 16 de noviembre.