Los 25 estados miembros de la UE alcanzaron ayer un acuerdo por mayoría cualificada sobre el polémico proyecto de directiva sobre la retención y el almacenamiento de los datos personales de las comunicaciones telefónicas para luchar contra el terrorismo y los delitos graves. En el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, sólo Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia votaron en contra de la propuesta de compromiso de la presidencia británica, que rebaja las exigencias iniciales. La directiva pretende establecer unos requisitos mínimos a nivel europeo, pero permite a cada estado ir más lejos en las exigencias de retención de datos y en la duración del periodo de conservación.
El proyecto debe ahora ser ratificado por el Parlamento Europeo el 15 de diciembre. Esa aprobación puede plantear dificultades debido a la posición más restrictiva adoptada por los eurodiputados durante su tramitación en la Comisión de Libertades Públicas. El ministro de Interior británico, Charles Clarke, confió en que la Eurocámara apruebe el texto sin cambios para que entre en vigor de inmediato. Los estados tendrán 18 meses para aprobar las leyes nacionales.
El compromiso alcanzado abarca la retención de datos sobre las llamadas a través de teléfonos fijos y móviles, las conexiones a internet, el correo electrónico y las llamadas a través de internet. El proyecto especifica que la retención sólo afectará a los datos de usuarios y que no se aplicará al contenido de la comunicación electrónica, ni a las webs consultadas.
Los datos retenidos serán la identidad y la dirección de quienes efectúen y reciban las llamadas, se conecten a internet, envíen correos electrónicos o efectúen llamadas telefónicas a través de internet. Las compañías también deberán retener los números utilizados, la fecha, la hora y la duración de las llamadas o las conexiones a internet y la localización desde donde se han producido las llamadas.
Para lograr el necesario respaldo de Alemania, Finlandia y Austria, la presidencia británica rebajó su exigencia inicial respecto a las llamadas perdidas, ya que esos tres países consideraban que la medida supondría un coste excesivo para sus compañías telefónicas. El compromiso sólo obliga a retener los datos de las llamadas perdidas a aquellas compañías que ya almacenen actualmente esos datos.
Los datos retenidos deberán ser conservados durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años, aunque una vez más el compromiso permite que los estados puedan conservar los datos más tiempo. Las operadoras pagarán los costes. España estaba en contra de cualquier disposición que abriera la vía para que las compañías pudieran reclamar una compensación.
