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El drama migratorio

El ultraderechista Salvini eterniza el desembarco del ‘Open Arms’

España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía acuerdan el reparto de los migrantes. El buque español espera una autorización para atracar que el primer ministro italiano no firma

 

El ‘Open Arms’, fondeado frente a la costa de Lampedusa, ayer. - REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE

IOLANDA MÁRMOL
16/08/2019

Con 142 migrantes a bordo (cinco fueron evacuados a última hora de la tarde ayer a tierra firme «por causas psicológicas» junto a sus acompañantes, en total nueve personas), el Open Arms sigue fondeado frente al puerto de Lampedusa en una especie de limbo jurídico, a la espera de poder desembarcar, por la estrategia partidista del ministro del Interior y símbolo de la oleada xenófoba que recorre Europa, Matteo Salvini.

A pesar de que el buque cuenta con el respaldo de una decisión judicial que anula el decreto con el que el líder de la Liga trataba de mantener los puertos cerrados a embarcaciones con inmigrantes, el Open Arms sigue sin poder atracar porque carece de un permiso expreso para tocar tierra. En el colmo del absurdo, a pesar del visto bueno de la justicia para el desembarco, es el propio Salvini quien debe firmar esa autorización y ya ha advertido que no está dispuesto a hacerlo aunque ninguno de los migrantes permanezca en territorio italiano. Ni siquiera el acuerdo al que han llegado seis países de la UE para acogerlos (España, Francia, Alemania, Portugal, Rumanía y Luxemburgo) ha logrado hacerle entrar en razón. Salvini redobla el pulso en su particular fobia a la inmigración pero, también, para exhibir fuerza ante un Movimiento Cinco Estrellas (M5S) que coquetea ahora con el Partido Demócrata (PD).

ATAQUE POLÍTICO / «El Open Arms en 15 días habría ido y vuelto tres veces a España. Es un ataque político a Italia», apuntó el ultraderechista, que reaccionaba desde un mal disimulado resentimiento: los ministros de Defensa, Elisabetta Trenta, y Transportes, Danilo Toninelli, ambos del M5S, se negaron a firmar una nueva prohibición para impedir que el barco entrase a aguas italianas. El plácet de la justicia permitió al buque avanzar desde aguas internacionales a cerca del puerto de Lampedusa, pero se tuvo que detener a cinco millas.

Fuera del barco, aumenta la presión sobre los hombros de la UE y especialmente del presidente Pedro Sánchez. Aún cuando ya se había hecho público que España acogerá a parte del contingente, el actor y activista Richard Gere telefoneó al jefe del Ejecutivo, a quien conoce tras firmar con él un acuerdo para luchar contra la fobia a los pobres. «Tengo admiración por él como ser humano, es muy positivo y optimista como líder español. También es un político y entiende la situación como algo político», señaló Gere, tras explicar que había planteado al presidente en funciones en su larga conversación que la crisis debe abordarse desde un punto de vista humanitario.

También sigue presionando el director y fundador de la oenegé Proactiva Open Arms, Óscar Camps, quien pidió a Sánchez que encabece un movimiento internacional para aprobar una política de migración común que dé respuesta a la situación. Sánchez conoce bien esa petición y está en sintonía, de hecho, con su apuesta desde que llegó a la Moncloa. Los jarros de agua fría que se ha llevado desde entonces de los socios comunitarios le han forzado a decisiones controvertidas. Apenas instalado en el Gobierno acogió a los inmigrantes del Aquarius, convencido de que en sintonía con Angela Merkel y Emmanuel Macron podría dar un golpe de timón a la UE para reorientar la política migratoria desde la solidaridad común.

El auge de la ultraderecha en Europa y el debilitamiento de los liderazgos en Berlín y París torpedean el intento de que los estados regulen una normativa que establezca un reparto formal y proporcional. Las constantes reclamaciones de Sánchez en Bruselas se han traducido en el compromiso comunitario de inyectar 140 millones a Marruecos para la lucha contra la inmigración irregular y parte de ese dinero ha empezado a llegar.

El Gobierno, que gestiona parte de ese importe, ha aprobado a través del fondo de contingencia presupuestario (para crisis e imprevistos) varias partidas destinadas a Rabat. La última de ellas, de 26 millones, para la entrega de 750 vehículos y 15 drones que deben facilitar la tarea de control migratorio a las autoridades marroquís.