Con 3,6 millones de habitantes, un PIB cercano al 90% de la media europea y una tasa de paro que ronda el 14%, Valonia es la única región europea que ha conseguido lo que no han logrado hasta ahora miles de ciudadanos con sus manifestaciones y protestas: resistir a las presiones políticas de la Unión Europea y poner en jaque (al menos por el momento) la firma del tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA en sus siglas en inglés) prevista para el próximo 27 de octubre en Bruselas.

La política comercial es una competencia exclusiva de la UE lo que significa que la Comisión Europea es la institución encargada de negociar en nombre de los 28. Una vez concluido un pacto es el Consejo y el Parlamento Europeo quienes deben aprobarlo. La presión de Berlín hizo que Bruselas -con la opinión en contra de su servicio jurídico- declarara el CETA como un acuerdo mixto lo que entraña su ratificación adicional en todos los Estados miembros. Y aquí es donde ha entrado en juego Valonia.

Desde la última reforma constitucional, todos los parlamentos regionales de Bélgica deben dar su consentimiento previo al gobierno federal para que este pueda firmar un tratado comercial. Y la zona sur del país ha aprovechado esta ventana para poner en cuestión un pacto que ha tardado siete años en ver la luz -las negociaciones terminaron en 2014- y que no le ofrece las suficientes garantías ni para proteger a sus agricultores, ni para mantener a salvo los servicios de interés general ni para hacer frente al poder de las multinacionales.

SISTEMA DE ARBITRAJE

Durante esta loca semana de reuniones de crisis ha habido avances pero las aclaraciones obtenidas siguen siendo “insuficientes”. Y el escollo más importante se llama sistema de arbitraje para la resolución de conflictos. Una especie de tribunal independiente, ajeno a la justicia ordinaria, al que las empresas podrán recurrir para solucionar un conflicto con un Estado. Los jueces serían nombrados por Canadá y la UE entre juristas de prestigio e incluiría una instancia de apelación.

Aunque tanto Canadá como Bruselas ya han garantizado que no entrará en vigor en la fase de aplicación provisional del pacto, al Parlamento valón no le basta y considera que sigue habiendo resquicios que pueden permitir a las multinacionales terminar imponiendo su voluntad y exigiendo contrapartidas al gobierno de turno cuando consideren que una ley o una reforma les perjudica.

Y esto último en una región como Valonia, que lleva años desangrándose en términos industriales, dice mucho. El último golpe se producía hace poco más de un mes con el anuncio de la estadounidense Caterpillar de cerrar su fábrica de Gosselies y echar a 2.000 personas.

ESCASA TRANSPARENCIA

Con este cierre y la polémica que suscitan los acuerdos comerciales por la escasa transparencia con la que se negocian, el ministro presidente de Valonia, el socialista Paul Magnette, ha visto la ocasión de canalizar el descontento social y recuperar a militantes de izquierda. El Partido Socialista solo gobierna en el sur del país y no está presente en la coaliciación de gobierno federal -que lideran los liberales- con lo que este asunto le ha devuelto a primera línea de una negociación que pese al anuncio de la ministra de comercio canadiense de regresar este fin de semana a Canadá nadie da por finiquitado.

El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, que ha lanzado este sábado un último intento por revivir las negociaciones se dice optimista. Magnette no va tan lejos pero no cierra la puerta. "No hemos querido crear problemas", asegura. Simplemente "necesitamos más tiempo", justifica.