Con la mano en el pecho y la voz a punto de quebrarse por la emoción, Tabaré Vázquez asumió ayer la presidencia de Uruguay, ocupada por primera vez por un político de izquierdas en una historia republicana de 160 años. Vázquez, de 65 años, juró su cargo ante la Asamblea Legislativa, prometiendo "trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo" y sacar adelante los cambios prometidos de manera "progresiva e impostergable". El presidente reafirmó su compromiso con "los que más lo necesitan".

Vázquez --nieto de vascos que hasta los 5 años vivió en una chabola de latas, se graduó como médico oncólogo y presidió un club de fútbol-- fue aclamado por la multitud que rodeó el Parlamento y la avenida 18 de julio. El júbilo se desató el lunes.

"Y ya lo ve, el presidente es Tabaré", gritaron miles de personas al verlo pasar a bordo del antiguo coche en el que recorrió el trayecto desde el Parlamento hasta la sede del Ejecutivo. Minutos antes, Vázquez, líder de la coalición Frente Amplio-Encuentro Progresista, había dicho, en su primer mensaje al país, que el Gobierno sería "coherente con sus valores y principios" ideológicos sin dejar de representar a "todos los uruguayos".

El Frente Amplio (FA) congrega a antiguos guerrilleros tupamaros, socialistas, comunistas, ecologistas y sectores tradicionales. Dos ministros, el de Exteriores, Reynaldo Gargano, y el de Interior, José Díaz, estuvieron exiliados en Barcelona durante la dictadura y afiliados al PSC.

EXPECTATIVAS Las expectativas que despierta el nuevo Gobierno son enormes. Vázquez admitió ser consciente de los desafíos. "Trabajaremos por un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde la alimentación y el trabajo sean un derecho de todos los días", dijo. En las próximas semanas, el presidente pondrá en marcha un plan de emergencia social para aliviar a más del 30% de una población de 3,3 millones de personas que vive en la pobreza. Tendrá un presupuesto de 75 millones de euros.

Vázquez garantizó que respetará los "compromisos" financieros y promoverá una "política activa" en derechos humanos para esclarecer los crímenes de la última dictadura (1973-1985) y lograr que "la paz se instale en el corazón de los uruguayos".