La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) dictaminó el lunes que Venezuela había entrado en una «bancarrota selectiva» al no cancelar en término uno de los pagos de su deuda externa: 200 millones de dólares correspondientes a bonos globales cuyo periodo de gracia había expirado el domingo, 12 de noviembre. Finch y Moody’s hicieron lo propio después de un incumplimiento de la petrolera Pdvsa, fuente generadora de las divisas de un país dependiente del crudo que produce y vende. S&P estimó a su vez que existe un 50% de posibilidades de que Venezuela «pueda entrar en los próximos tres meses» en suspensión de pagos parcial. En lo que resta del año, al país le quedan pendientes obligaciones por 1.470 millones de dólares.
El Gobierno chavista, por su parte, acusó a las agencias de querer «entorpecer» el proceso de negociación que lleva a cabo en Caracas con sus acreedores para refinanciar un pasivo gigantesco: 60.000 millones de dólares, casi un 40% de la deuda total del país. Las reuniones se iniciaron el lunes y las expectativas preliminares de los protagonistas han sido fuertemente contradictorias.
Asistentes al encuentro con las autoridades venezolanas dijeron a la agencia Reuters que no habían recibido ninguna propuesta concreta y que se trató de una «oportunidad perdida».
Por su parte, el Gobierno aseguró que las reuniones con 414 tenedores de bonos, en su mayoría norteamericanos, comenzaron «con rotundo éxito». Durante el encuentro se ratificó la intención de «cumplir cabalmente» con las obligaciones pese a los «intentos» de la Administración de Donald Trump de «agredir la economía» y dificultar «lo que ha sido una constante en la conducta de nuestra patria respecto a sus compromisos».
