El número de familias japonesas que rechazan las prestaciones ofrecidas por el Gobierno por vivir cerca de centrales nucleares se ha duplicado desde el desastre de Fukushima en marzo de 2011, según ha informado este jueves el diario nipón 'Asahi Shimbun'.
En 2011, catorce prefecturas pagaron 7.600 millones de yenes (66 millones de euros) a más de un millón de familias, según las estimaciones publicadas en el rotativo. En aquel año, 171 hogares rechazaron los beneficios, frente a los 94 del año anterior.
Un residente de 64 años de la ciudad de Hitachi, en la prefectura de Ibaraki, en el centro del país, ha declarado que el accidente de Fukushima, fue el hecho que motivó que rechazase la ayuda económica. "He recibido los beneficios sin pensar en ello, pero no son más que un soborno", ha afirmado. "Nos sentimos en deuda si seguimos cobrando a pesar de que se trata de una cantidad pequeña", ha añadido.
El aumento del número de hogares que rechazan estos cobros ha sido particularmente destacable en las prefecturas de Fukushima, Aomori e Ibaraki. En concreto, en Fukushima, 46 familias se negaron a percibir ninguna cuantía económica, en comparación con las 28 que lo hicieron en 2010.
Por otro lado, en Aomori fueron 50 los hogares que no aceptaron los pagos, un 80 por ciento más que el año anterior y en Ibaraki, alrededor de 25, seis veces más que en ocasiones anteriores.
Un hombre que vive a nueve kilómetros de la central nuclear de Tokai, en la prefectura de Ibaraki, rechazó 4.368 yenes (unos 38 euros), la totalidad del importe. "No quiero recibir dinero para promover la energía nuclear", ha afirmado. "No estoy a favor de las centrales nucleares", ha agregado.
Una mujer, miembro de un grupo contrario a la energía nuclear en la prefectura de Niigata, en el centro de Japón, ha asegurado que las prestaciones se otorgan en señal de compensación por los inconvenientes que existen al vivir cerca de las centrales. Sin embargo, "no hay obligación de apoyar la energía nuclear aunque se cobre la prestación", ha apostillado.
Este sistema se introdujo en 1981 con el objetivo de propiciar la energía nuclear. No obstante, un alto funcionario de la Agencia de Recursos Naturales y Energía puntualizó que el Gobierno no podría promover la construcción de centrales salvo que los residentes recibiesen algún tipo de beneficio. En aquel momento, la agencia indicó que este sistema sería una medida temporal que finalmente se ha mantenido durante más de tres décadas.
