Las víctimas de violaciones en la región sudanesa de Darfur han perdido la ayuda médica y psicológica vital desde que el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, expulsara a varias agencias humanitarias que trabajaban contra la violencia sexual en el país, según afirmó este miércoles Naciones Unidas. En respuesta, un ministro sudanés rechazó las informaciones y las calificó como "propaganda", alegando que no hay violaciones generalizadas en la región y que las organizaciones extranjeras son libres de viajar al país e investigar estos hechos. Sudán expulsó a trece organizaciones humanitarias extranjeras y cerró otras tres organizaciones locales el pasado mes de marzo, después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiera una orden de arresto contra Al Bashir, acusándole de crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur.

Jartum acusó a los grupos de pasar información al tribunal de La Haya, un cargo que todas las organizaciones niegan. Diez de las trece organizaciones expulsadas estaban trabajando en cuestiones relacionadas con la protección y la violencia sexual, según el responsable de una de las organizaciones expulsadas que prefirió no ser nombrado. "Las mujeres se sienten menos seguras a la hora de informar las violaciones, y se ha producido la vuelta de los días en los que las víctimas son tratadas como si fueran delincuentes si informan de lo que les ha pasado", señala este responsable. Los grupos pro Derechos Humanos explican que las mujeres que informan de los ataques se arriesgan a un juicio por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, puesto que en Sudán rige la ley islámica o 'sharia'.

Un informe de la ONU publicado a principios de este mes afirmaba que la violencia sexual es "endémica" en Darfur. Después de las expulsiones, "las mujeres perdieron el acceso al apoyo médico y psicosocial que ofrecían estas organizaciones", señala este informe que añade que el vacío humanitario creado no ha sido llenado ni por Jartum ni por las fuerzas de paz de la Misión híbrida de la Unión Africana (UA) y de la ONU para esta región, la UNAMID. El informe afirma que los investigadores documentaron más de 50 casos de violencia sexual y de género en la visita realizada a Darfur en julio de este año, y añade que las mujeres de uno de los campamentos de refugiados informaron de más de 35 casos en una semana cuando salían del campamento a sembrar.

Incluso antes de las expulsiones, los trabajadores humanitarios en Darfur afirmaban que las autoridades les acosaban si hablaban abiertamente sobre los abusos. El ministro sudanés para Asuntos Humanitarios, Abdel Baqi al Jailani, afirmó que puede haber casos esporádicos de violaciones en Darfur como en otras sociedades, pero negó que los ataques fueran generalizados. "La violación está en contra de nuestra cultura, en contra de nuestra religión (...), si cualquier ONG quiere trabajar en este sector, la carretera está abierta para ellos. Nadie pone ningún obstáculo en su camino", declaró a Reuters. Al Jailani afirmó igualmente que no se habían producido intentos deliberados para cerrar los programas de violencia sexual.