El exdictador argentino Jorge Rafael Videla ha vuelto a insistir en que los militares libraron "una guerra justa" al alegar hoy en el juicio por crímenes de lesa humanidad del régimen militar (1976-1983) por los que se le juzga en un tribunal de la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina.

Argentina vivió "una guerra no clásica, irregular, yo diría que su signo distintivo fue la imprecisión" porque no se puede determinar "cuándo empezó", aseguró en su alegato, previo al dictado de la sentencia previsto para mañana por el tribunal cordobés. "La agresión terrorista buscaba la destrucción de bienes materiales o de personas", subrayó Videla, de 85 años, quien es juzgado junto a otros 29 acusados, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, por los crímenes contra 31 presos políticos. También se les juzga por los secuestros y torturas de cinco expolicías y el hermano de uno de ellos en jurisdicción del Ejército en Córdoba.

Videla insistió en que la guerrilla que actuó en Argentina en los años 70 pretendía instalar un régimen marxista leninista "con personal entrenado en Cuba, Siria, Palestina o bien en este país". Dijo que los grupos guerrilleros actuaban "con armas provistas por la Unión Soviética o de fábricas clandestinas, con financiación soviética o el botín de secuestros" de empresarios.

El exdictador reclamó, además, "el honor de la victoria" ante la guerrilla y remarcó que asume "todas sus responsabilidades" como jefe del Estado, cargo que ocupó entre 1976 y 1980.

PERDONADO POR MENEM

El pronunciamiento del tribunal cordobés será este miércoles, el primer veredicto que escuchará Videla en 25 años desde el Juicio a las Juntas Militares celebrado en 1985, cuando se le condenó a prisión perpetua, castigo del que fue perdonado a finales de 1990 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem.

Los miembros del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, leerán el veredicto de los 30 acusados en el juicio, iniciado el 2 de julio pasado, informaron fuentes judiciales. La Fiscalía y la querella han reclamado la prisión perpetua de los acusados por los delitos de tormentos, homicidio agravado y privación ilegal de la libertad durante la última dictadura argentina.