Los sindicatos franceses reiteraron ayer la amenaza de huelga general en Francia ante el inmovilismo y el silencio del primer ministro, Dominique de Villepin, quien ni siquiera se dignó a comentar el llamamiento "solemne" a la retirada del controvertido contrato de primer empleo (CPE), que sacó a la calle el sábado a entre medio millón y un millón de personas. En el ojo del huracán y en medio de una crisis de incierto final, Villepin sigue firme en la defensa de una iniciativa que contempla el despido sin justificar durante los dos primeros años de trabajo.

El presidente de la República, Jacques Chirac, tampoco tiene previsto intervenir antes del ultimátum dado por los sindicatos --al final de esta tarde-- para que anuncie la suspensión del CPE. La reunión intersindical prevista para esta noche decidirá la marcha a seguir. Los estudiantes han decidido mantener la huelga y el bloqueo de las universidades ante el "autismo" del Ejecutivo, y han convocado otra manifestación para el próximo jueves. En opinión del líder del sindicato Fuerza Obrera, Jean Claude Mailly, Villepin actúa "como el pirómano que prende el fuego y sube luego a lo alto de la montaña para ver el incendio sin hacer nada".

Los sondeos revelan que una gran mayoría de los franceses, el 63%, piensan que el primer ministro no cederá a las exigencias sindicales y estudiantiles. El 69% consideran que la protesta de los jóvenes está justificada y desean que se retire el CPE, según revela el instituto de opinión BVA. Otra encuesta indica que para el 71% de las personas interrogadas, Francia está viviendo "una crisis social profunda que puede radicalizarse a lo largo de las próximas semanas".

UNIVERSIDADES BLOQUEADAS Dos tercios de las 84 universidades del país siguen bloqueadas, y los rectores se muestran inquietos por el peligro de enfrentamientos entre los propios estudiantes, que aunque están mayoritariamente en contra del CPE, tienen distintas opiniones sobre la necesidad de hacer huelga.

Los líderes políticos de la oposición de izquierdas apoyan el movimiento, pero son excesivamente prudentes y no presentan alternativas ni propuestas.

En las filas de la derecha parece que empieza a resquebrajarse la unidad. Aunque el 71% de los simpatizantes de la mayoría gubernamental son partidarios de mantener el CPE, el diputado conservador Dominique Paillé, próximo al ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, ya ha pedido públicamente a Chirac que antes de promulgar la ley discuta con los interlocutores sociales.