Será una consulta electoral sui generis, definida por el vocabulario oficial del Kremlin como votación y evitando cuidadosamente la palabra referéndum. Debido al covid-19, un compendio de normas ad hoc ha sido anunciado por la Comisión Electoral Central, reglas que, de acuerdo con los expertos rusos independientes en observación de procesos electorales, «facilitarán la posibilidad de falsificar el resultado». Con todo, según filtraciones gubernamentales, el Kremlin aspira a atraer a las urnas a al menos la mitad del electorado, un objetivo más modesto que el que se fijó hace dos años, durante las elecciones presidenciales, convertidas también en plebiscito sobre la figura de Vladímir Putin. Entonces votó, según cifras oficiales, cerca del 70% del censo.

La reforma constitucional que permitirá al presidente ruso seguir en el poder hasta el 2036 no será aprobada en un referéndum, como son tipificadas estas consultas por la ley rusa aprobada en el mandato de Borís Yeltsin.

El Parlamento adoptó en primavera una legislación especial para la ocasión, que define la consulta simplemente como una «votación a escala nacional», al tiempo que rebaja sustancialmente los estándares legales. «Desde el principio, al Gobierno le ha preocupado la abstención. Según la ley de referéndum, para que este sea considerado válido, se requiere que vote más del 50% del electorado. Este requerimiento estará ausente en julio», explica a este diario Pável Pertsev, comentarista del centro Carnegie y periodista en la web independiente Meduza.

medidas especiales / Con la nueva legislación, la posibilidad de que grupos y ciudadanos contrarios a la reforma hagan llegar su mensaje a la ciudadanía ha quedado sensiblemente mermada. Según la ley de referéndums, «los grupos contrarios a las propuestas tienen derecho a registrarse, lo cual les permite difundir su mensaje y les concede acceso a los canales federales de televisión. En la ley aprobada especialmente para la reforma constitucional no se contempla nada de esto», continúa Pertsev. Además, los partidos opositores tendrán difícil vigilar la limpieza de la votación, ya que todo observador «tiene que haber sido aprobado» por la Cámara Social de la Federación Rusa, un organismo marcadamente progubernamental.

Las organizaciones independientes sobre procesos electorales han lanzado duras críticas a las nuevas normas, anunciadas por la Comisión Electoral y destinadas, según este organismo, a limitar el riesgo de infección durante la votación. Grigori Melkonyants, del movimiento Golos, ha llegado a sentenciar a este diario que el verdadero resultado «nunca lo conoceremos».

VOTO ANTICIPADO / No solo se votará el 1 de julio, fecha fijada por Putin, sino que se podrá emitir el voto durante seis días antes. «Habida cuenta de que las normas estipulan que cada mesa electoral solo podrá recibir a un máximo de entre 8 y 12 personas en una hora, es decir, 144 al día, se deduce que la mayoría de los electores votarán por anticipado y no el 1 de julio. Sin embargo, en los datos oficiales, no se desglosará qué porcentaje ha votado por anticipado y cuál no, lo que es muy sospechoso», protesta Melkonyants. Además, se acepta el voto a domicilio, «sin que sea necesario demostrar el motivo y sin que esté presente ningún miembro de la mesa electoral en el momento de depositar la papeleta», señala.

Los colegios electorales deberán ser desinfectados cada hora, y mientras «solo vigilarán las actas electorales y las urnas los presidentes» de cada centro, subraya el fundador de Golos. «No habrá cortinas en las cabinas de voto», y pese a que los electores deberán llevar mascarillas, solo estarán obligados a mostrar sus documentos de identidad desde una distancia establecida. Esto facilitará que ciudadanos votan varias veces en distintos colegios.