Tuvieron que pasar cuatro meses y un día desde el golpe de Estado en Honduras. Y tuvo que ser Estados Unidos el que diera el puñetazo sobre la mesa. Cuando el diálogo parecía agotado, los delegados del presidente derrocado, Manuel Zelaya, y del golpista, Roberto Micheletti, firmaron ayer un acuerdo para poner fin a la crisis. Los golpistas se avinieron a que sea el Congreso el que decida sobre la restitución de Zelaya. El presidente depuesto definió este pacto como "un triunfo para la democracia y un retorno de la paz". Y añadió: "Después de todo el vía crucis que hemos seguido, estamos optimistas porque seré restituido en la presidencia".

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, fue el hombre de Obama enviado a la capital, Tegucigalpa. Shannon volvió a sentar a los delegados a la mesa del diálogo, roto una semana antes. Y los encerró después de advertirles: "Ya se está acabando el tiempo, solo tenemos un mes antes de las elecciones del 29 de noviembre; entonces, desde el punto de vista de EEUU y de la comunidad internacional, necesitamos un acuerdo lo más rápido posible". O no se reconocerán ni los comicios ni al futuro presidente, vino a decir.

RENUNCIA ANTICIPADA Apenas 13 horas después, hubo acuerdo. Tras la consulta con la Corte Suprema de Justicia, el Congreso votará la vuelta al poder de Zelaya, al frente de un Gobierno de reconciliación nacional y bajo verificación internacional, con una comisión de la verdad y el rechazo a una amnistía política y a una Asamblea Constituyente. Refugiado en la embajada de Brasil, frente a la que se manifestaron con alegría sus seguidores, Manuel Zelaya empezó a poner de su parte y llamó al regreso de la diplomacia internacional, que acabará por dar veracidad y reconocimiento a las elecciones.

Acorralado desde fuera y dentro del país, el presidente de facto daba su brazo a torcer. Tras conceder su consentimiento para que sus representantes firmaran el acuerdo, el propio Micheletti se anticipó a los delegados y la misión internacional y leyó en la Casa Presidencial un documento aprobando que sea el Congreso el que decida si Zelaya vuelve a la presidencia, de la que los militares le expulsaron el 28 de junio. Era una especie de renuncia anticipada a su cargo de presidente interino. Aunque el convenio no establece plazos.