Un total de 166 familias emeritenses han solicitado una vivienda social en el procedimiento abierto para adjudicar 20 casas de la Junta de Extremadura, que desarrolla el Ayuntamiento de Mérida. La delegada de Servicios Sociales, Ana Blanco, explicó ayer que el plazo de un mes para presentar las peticiones se cerró el pasado jueves y que ahora se abre un periodo de tres meses para revisar los expedientes y asignarles la puntuación en función de diversos factores (ingresos, número de hijos, etcétera), según la cual se asignarán las residencias por parte de una comisión especial creada al efecto. Blanco aseguró que el proceso se desarrollará con la mayor celeridad posible.
SOLTERAS CON HIJOS Entre los solicitantes, la delegada de Servicios Sociales detalló que son mayoría las madres solteras con hijos y que hay pocas peticiones por parte de solteros sin descendencia, "ya que la necesidad de casa propia en esas circunstancias suele ser menor". También añadió que, en general, se trata de ciudadanos de mediana edad y desempleados en su mayor parte, así como que hay un porcentaje de peticiones por parte de inmigrantes y emigrantes retornados.
Las peticiones se han reducido a menos de la mitad con respecto al anterior proceso de adjudicación de 40 viviendas sociales, que se cerró con un sorteo el pasado 16 de octubre y para el que hubo 425 solicitantes de los que 288 fueron admitidos. Blanco planteó que en esta ocasión ha habido un proceso previo en el que se les ha informado de los criterios para ser beneficiarios: "Se les ha pedido que entendieran que si no tenían derecho a acceder a una vivienda social, no presentaran la solicitud". Además, indicó que uno de los principales motivos de exclusión ha sido presentar antecedentes penales.
La delegada destacó la labor de las trabajadoras sociales que están desarrollando este proceso, que además coincide con el de realización de informes para concesión de la renta básica regional, y aseguró que todo el departamento está centrado e este procedimiento para que las viviendas se entreguen lo más pronto posible.
Según el decreto que regula este asunto, especificó, ahora hay un plazo de tres meses para que estas técnicos revisen los expedientes, comprueben los posibles errores (que se podrán subsanar en 10 días) y asignen a cada familia la puntuación que les corresponda según el baremo establecido. Después, se creará una Comisión Local de Adjudicación de Viviendas Sociales (formada por representantes del gobierno local, el consistorio, la oposición, etcétera), que será la encargada de formalizar su adjudicación.
