Las diligencias previas iniciadas por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Mérida por la denuncia presentada por el PSOE local contra la anterior gestión del alcalde Pedro Acedo y otras 35 personas más siguen su curso. Ya han prestado declaración a requerimiento de la jueza que instruye el caso el hermano del primer edil, el abogado Angel Acedo, y la exconcejala y actual diputada regional Pilar Vargas, ambos incluidos en la denuncia. También han sido llamados a declarar, aunque aún no lo han hecho, el también exconcejal Gonzalo García de Blanes, una socia del bufete de Angel Acedo y un conocido asesor laboral de la ciudad.

Según ha podido saber este diario, la jueza llamará a declarar a Pedro Acedo como imputado, al menos, por un presunto delito de prevaricación. Así se desprende de una provindencia en la que solicita información sobre el domicilio del primer edil a efectos de ser llamado a declarar. Lo que por el momento se desconoce es la fecha en la que lo hará. De hecho, aún no ha sido citado, como confirmó el propio alcalde y recientemente senador, quien se muestra tranquilo y confiado de su inocencia. "Hasta ahora no hay nada más que una denuncia de mi adversario político", recalca. Acedo señala que cuando sea llamado a declarar lo hará "dispuesto a colaborar, como no puede ser de otra manera, pero de momento no estoy ni siquiera imputado".

Cabe destacar que el proceso iniciado tras la denuncia presentada por el PSOE de Mérida el pasado mes de febrero ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que posteriormente trasladó a un juzgado de Mérida para desarrollar la fase de instrucción, se encuentra actualmente en las diligencias previas, que incluye la declaración de los acusados si así lo estima conveniente el juez. En el caso de que hubiera indicios de delito, el asunto se trasladaría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es quien tiene las competencias para procesos que afectan a quienes están aforados, como ocurre con el propio Acedo, que el pasado martes tomó posesión de su escaño como senador, y de la propia Pilar Vargas, por su condición de diputada en la Asamblea de Extremadura.

La Fiscalía Superior de Extremadura apreció, tras analizar la documentación aportada por el PSOE de Mérida y tomar declaración a dos testigos aportados por el denunciante, indicios de los delitos de prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho. En particular, Acedo será llamado a declarar al menos por un presunto delito de prevaricación administrativa, que viene recogido en el artículo 404 del Código Penal, y que contempla penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.