El alcalde en funciones, Pedro Acedo, aseguró ayer que han sido legales todas las decisiones tomadas desde el pasado 27 de mayo hasta ayer, un periodo de 20 días de transición hasta la toma de posesión de la alcaldía de Angel Calle, prevista para hoy.

Pedro Acedo sale así al paso de las críticas vertidas por el PSOE contra las adjudicaciones de obras realizadas durante este tiempo. En este sentido, explicó que, para que no cupiera duda, había solicitado un informe de legalidad sobre las últimas actuaciones, que le confirmaron que se obró conforme a la ley.

Acedo indicó que no ha querido polemizar con los concejales del grupo socialista y manifestó que durante estos 20 días ha debido de prevalecer "una cortesía mutua, ya que cuando hay elecciones, al alcalde se le dan 20 días para que termine los procedimientos administrativos que estaban en marcha".

Por este motivo, aseguró que cuando el PP ganó las elecciones en 1995, el gobierno en funciones del PSOE hizo obras por valor de tres millones de euros, mientras que las decisiones tomadas estos días han sido "tres veces menos que las adoptadas por los socialistas en aquel cambio de gobierno".

JUNTA DE GOBIERNO Por otro lado, Acedo ofreció ayer su última rueda de prensa como alcalde para dar cuenta de los acuerdos de la junta local de gobierno celebrada el miércoles.

Y, precisamente, dos de los puntos que se trataron en esta reunión fueron dos adjudicaciones, aunque una de ellas quedó desierta al no cumplir las empresas las condiciones exigidas.

Así, quedó desierta la subasta de la parcela donde estaba situada la antigua ITV, en el polígono industrial El Prado. Este solar era del ayuntamiento, que lo cedió a la Junta para que construyera la ITV. Una vez que se trasladó, el terreno volvió al consistorio, que lo sacó a subasta.

Se da la circunstancia de que es suelo dotacional y que hay no pueden ir industrias, sólo actividades que den servicios, por ejemplo, guarderías.

Lo que si se adjudicó fue la construcción de una planta de reciclaje de escombros de obras, a la que concurrieron nueve propuestas.

La adjudicación ha sido para la Unión Temporal (UTE) de Empresas Provivesa Hispánica Bedminster, que deberá entregar al ayuntamiento el 10% de su facturación anual.