El alcalde de Mérida, Pedro Acedo, volvió a referirse ayer, tras la junta local de gobierno, al procedimiento de cierre del conjunto residencial ocupado Los Alamos, que ahora mismo se encuentra en stand by . El consistorio abrió un expediente de disciplina urbanística hace aproximadamente dos semanas a la promotora de los pisos, Urvasebi, para que llevara a efecto el cerramiento del inmueble --en el que algunos pisos han sido ocupados por familias--, ya que no disponen del permiso de primera utilización. Pero por ahora ni la promotora ha echado el cierre, ni las familias han desocupado las viviendas. Acedo insiste en que el consistorio no tiene competencias para actuar en este caso, sino que es la promotora la que ha de proceder según decida.

El expediente de disciplina urbanística que el ayuntamiento abrió a la promotora es el único recurso legal al que pueden acudir, reiteró una vez más el primer edil, además de su informe a la Junta de Extremadura. "Nosotros no podemos hacer nada más no porque no queramos, sino porque no estamos capacitados para intervenir".

Los miembros del Campamento Dignidad que habitan el inmueble lo hacen fuera de la legalidad, pues no disponen del permiso de primera utilización. Se trata de una licencia que el ayuntamiento debe adjudicar a la promotora, previa solicitud, para que los pisos puedan ser habitados. Ramón Carbonell, uno de los miembros del colectivo, admite que "el alcalde no prometió nada en el encuentro que tuvimos hace más de un mes, solo dijo que lo estudiaría". A quien acuden es a la financiera, La Caixa, con la que también celebraron una reunión en la que esta afirmó no disponer de capacidad de acción hasta que el concurso de acreedores no finalizara. Sí que se comprometieron, según Carbonell, a que en el caso de que la entidad sea nombrada propietaria, su primer paso sería negociar con las familias. Pero dicho concurso se ha prolongado, y entretanto, los implicados siguen a la espera de una resolución.