El acuerdo de compra de la ciudad deportiva firmado entre el ayuntamiento y los responsables de la empresa Sidecu fue llevado al Juzgado de lo Contencioso para homologarlo judicialmente y para que cuando se paguen los 20,8 millones de euros en su totalidad se tramite conforme a la legalidad procesal y se salde definitivamente la relación contractual entre ambas partes.
El motivo es que el Juzgado de lo Contencioso fue el que tramitó el recurso contencioso interpuesto por Sidecu contra el ayuntamiento por anular, en agosto del 2007, el contrato firmado por el anterior equipo de gobierno del PP, y que fue desautorizado por el actual gobierno local a requerimiento de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.
