Los inquilinos de las viviendas sociales a las que el ayuntamiento y Aqualia han cortado el agua corriente por impagos denunciarán al consistorio al Defensor del Pueblo después de mantener ayer un encuentro con la delegada de Servicios Sociales, Ana Blanco, y el responsable de la empresa concesionaria sin alcanzar ningún acuerdo. Según explica la portavoz, Marisa Prudencio, se niegan a establecer una tarifa social similar a la que ya existe en Badajoz o dar facilidades de pago a los afectados.
