La Fiscalía Anticorrupción, a través del Juzgado de Instrucción nº 2 de Mérida, ha llamado a declarar el próximo cinco de diciembre como imputado al exgerente de la empresa Municipal de Transportes Urbanos, Prudencio González, ante la denuncia presentada por el ayuntamiento por presunto delito de falsedad documental y malversación de fondos.

Junto con González, también deberá comparecer el expresidente del Consejo de Administración de la empresa de transportes y exconcejal del PP, Manuel Gámez, en calidad de testigo.

Siete días más tarde, el día 12, quienes deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción nº 2 serán los concejales del PP, Pilar Vargas y Francisco Robustillo, y el exconcejal de esta formación Alfredo de la Rubia, también como testigos.

INFRACCION El Juzgado de Instrucción nº 2, que señala que hay una posible "infracción penal", ha actuado a petición de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que a su vez le pasó el caso la Fiscalía Anticorrupción, donde el ayuntamiento presentó la denuncia y toda la información recabada sobre el exgerente del 2005 al 2007, donde se incluían facturas telefónicas, billetes de avión a nombre del exgerente y el de su esposa o facturas de restaurantes casi diarias de tres y cuatro personas.

Pilar Vargas, Francisco Robustillo y Alfredo de la Rubia deberán responder sin estuvieron en el consejo de administración del 6 de julio del 2006 donde se aprobó la addenda del contrato del exgerente suscrito en el 2001, en la que se incluyen una desorbitada subida salarial, el paso de un contrato firmado por dos años a otro indefinido y la aceptación de varias cláusulas abusivas, entre ellas la que obliga al ayuntamiento a pagar 45 mensualidades al exgerente en caso de extinción del contrato de trabajo en el periodo de 1-2 años.

Para la portavoz del equipo de gobierno, Ascensión Murillo, esta es la clave, "porque si estuvieron en la reunión y aprobaron la addenda hay responsabilidades políticas, y si no estuvieron, estamos ante una falsificación de documento público".

Por otro lado, el PP, en un comunicado, ha asegurado que si se confirma la imputación del exgerente de los autobuses urbanos por los supuestos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, "quedará automáticamente suspendido de militancia del PP y se iniciarán los trámites para su expulsión del partido".