El Palacio de Justicia acoge desde hoy y hasta el próximo jueves el juicio por el tiroteo que tuvo lugar en San Lázaro en agosto del 2011 y que se saldó con dos muertos y dos heridos, uno de ellos un viandante ajeno a los hechos. Un total de 12 personas se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, para los que el fiscal pide penas de entre dos y 60 años de cárcel.
La vista, que arranca hoy con los interrogatorios a los acusados, se desarrollará con fuertes medidas de seguridad. Según explica el abogado defensor de la familia de los dos fallecidos, José Duarte, la planta baja del Palacio de Justicia se ha reservado íntegramente a esta causa y toda la zona exterior permanecerá acordonada para impedir el acceso de vehículos no autorizados. El objetivo es evitar un nuevo enfrentamiento entre ambos clanes. Según recoge el escrito de la Fiscalía, las desavenencias entre la familia M. y la familia V. tuvieron su origen inmediato en la separación de un matrimonio.
LOS HECHOS / En la noche anterior al tiroteo se produjo un primer enfrentamiento en el barrio, en el que un integrante no identificado de la familia M. lanzó el primer disparo al aire. Al parecer, quedaron en verse al día siguiente y ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, optaron por aprovisionarse de armas de fuego. El 3 de agosto, sobre las 12 del mediodía, varios miembros de la familia V. fueron a casa del patriarca de los M., que no les permitió el paso. Cuando se disponían a marcharse, este lanza el primer disparo mortal. El tiroteo se produjo «con una perfecta visibilidad y en un momento del día con plena actividad en la vía pública», a escasos metros de la comisaría.
Como consecuencia del enfrentamiento murieron dos miembros de los V., madre e hijo, y resultaron heridas otras dos personas: otro miembro de la familia V., hijo y hermano de los fallecidos, que a su vez lanzó un disparo que alcanzó a un viandante ajeno a la disputa. Los agentes encontraron en total 192 proyectiles de 40 armas de diferentes calibres, lo que unido a los numerosos impactos de bala «dejan patente el recíproco ánimo de los procesados de matar a los miembros de las otras familias». Tras el tiroteo, todos los miembros de la familia M., causantes de las dos muertes, emprendieron la huida en cumplimiento de las leyes gitanas, que obligan al destierro a quienes provocan un daño como el ocasionado en este caso.
De los 12 procesados, 11 son miembros de los M. (había otra acusada más pero falleció en Cádiz semanas después del tiroteo, tras recibir también un disparo en plena calle) y uno de la familia V., el que resultó herido y a su vez disparó al viandante. Para los autores de los disparos mortales el fiscal pide penas de 47 y 50 años. Para la persona que hirió al otro implicado se piden 37 años y para este último, 60 años. Para el resto de los acusados el fiscal pide entre dos y 33 años.
