Mañana comienza en el juzgado de lo Penal número 1 de Mérida el juicio contra cinco sindicalistas por los incidentes ocurridos en la ciudad durante la huelga general del 20 de junio del 2002.
Según explica el fiscal en su escrito de calificación, están acusados de impedir la salida de los autobuses urbanos que debían cumplir los servicios mínimos previstos, por lo que se les imputan delitos de coacciones, amenazas e injurias, según avanzó ayer el ayuntamiento.
LOS ACUSADOS Los acusados son Valentín García, entonces secretario regional de CCOO y actualmente en la candidatura autonómica del PSOE; Miguel Bernal, secretario regional de UGT; y los sindicalistas Juan Espino, Juan Manuel González y Juan Luis Lancho.
El consistorio recuerda los "graves hechos" que se produjeron en el Parque Municipal de la Algodonera cuando "varios trabajadores de la empresa municipal de autobuses intentaron ejercer su derecho al trabajo y los imputados se lo impidieron por la fuerza". Los dirigentes sindicales acabaron enfrentándose con la policía y tumbándose ante los autobuses.
El fiscal explica en su escrito que "con ánimo de impedir la salida de los autobuses los acusados se introdujeron en los vehículos rompiendo los carteles de servicios mínimos y manifestando que romperían las lunas de los autobuses si estos salían del aparcamiento".
Por estos hechos la Fiscalía y la acusación particular piden para los cinco imputados penas que oscilan entre los 20 días de multa y los tres años y medio de prisión, además de una indemnización de 9.000 euros por responsabilidad civil.
