"Yo salgo de mi casa, pero en una caja de madera". Jesús Oliva, un emeritense de 35 años, está sobrepasado por una orden de desahucio para abril. Se trata de un piso del Plan 60.000 en el barrio III Milenio. En 2007 se mudó a vivir allí con su familia, pero en el 2010 comenzó su declive, asegura, al quedarse sin empleo.

"Intento levantarme, pero choco con el paro", lamenta. Era autónomo, pero desde que se quedó desempleado ha intentado negociar con el banco para paralizar su hipoteca y diversas gestiones hasta pedir ahora un alquiler social. Ayer acudió a la sede del BBVA en el centro de Mérida acompañado por un centenar de ciudadanos, la mayoría activistas por la renta básica, --acampados frente a la oficina del Sexpe--, y de la nueva Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mérida. "Esto me da esperanza", señaló Oliva.

Allí mantuvo un encuentro con el director de la oficina, que dijo desconocer su caso --"lo que me sorprende mucho", señala--, pero quedó en ofrecerles una respuesta el lunes. Desde el banco rehusaron hacer declaraciones.