El Ayuntamiento de Mérida aprobó ayer por unanimidad una nueva operación de endeudamiento que permitirá el pago de alrededor de 600 facturas pendientes desde el 2009 y el 2010 que suman 1.243.194 euros. Se trata de una nueva línea de financiación que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar a las administraciones locales los pagos atrasados a sus proveedores.

Esta cantidad supondrá una inyección de liquidez para las pymes que trabajan con el ayuntamiento, algunas de las cuáles no cobran desde hace más de dos años. Y es que en las oficinas municipales se acumulan alrededor de 2.500 facturas, que se van pagando con una demora de un año y medio de media.

El alcalde, Pedro Acedo, que tomó la palabra tras el debate que suscitó este punto del orden del día y antes de que se produjera la votación, señaló que la solicitud de este nuevo crédito es la única posibilidad que tiene el ayuntamiento para hacer frente al pago de facturas a los proveedores. "Si hemos ido a este préstamo ICO es porque no hay otro remedio".

Según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Molina, las arcas municipales no pueden hacer frente al pago de los atrasos con los ingresos que recibe por la vía de los tributos. Así, explicó que estas aportaciones son muy inferiores a los gastos a los que tiene que hacer frente el consistorio. Como dato, dijo que mensualmente se pagan 1.919.306 euros correspondientes solo a las nóminas, la Seguridad Social, el IRPF y los créditos a los bancos. "Los pagos que tenemos que ejecutar mensualmente nos obligan a contraer esta forma de financiación, que será recogida en el plan de saneamiento para converger en un plan de estabilidad presupuestaria".

Como ya informó la semana pasada la delegada Begoña Saussol, tras tratarse esta cuestión en la Comisión de Hacienda, los proveedores incluidos en la relación que pasó ayer por el Pleno cobrarán, previsiblemente a mediados de diciembre, mediante una transferencia bancaria, puesto que el dinero solicitado no pasará siquiera por las arcas municipales. Las empresas receptoras --el ICO no contempla el pago a fundaciones ni asociaciones-- han sido seleccionadas por orden de antigüedad. En cuanto a la cantidad que percibirán, aquellos con facturas pendientes de menos de 2.000 euros percibirán el montante íntegro, mientras que los que lo superan recibirán un pago del 30%, y el resto seguirá a la espera. Según la delegada de Hacienda, es preferible que todas las empresas cojan algo de dinero a que haya algunas que cobren todo y otras no perciban nada.

POR UNANIMIDAD

La propuesta se aprobó por unanimidad. En el transcurso del debate, la portavoz del Grupo Socialista, Estrella Gordillo, apuntó que hubiera preferido que la cantidad solicitada fuera mayor, ya que el ayuntamiento emeritense tenía la opción de haber pedido el doble de lo que ha suscrito.

El portavoz del Grupo Mixto en esta materia, el concejal de IU Alvaro Vázquez, indicó que apoya la medida en tanto en cuanto una de sus "principales preocupaciones" es "la solvencia de los autónomos". Sin embargo dijo que llama la atención que haya una factura 364.368 para una sola empresa, Gespesa, que pertenece al grupo de empresas públicas de Extremadura GPEx, encargada de la gestión de los residuos urbanos.

Molina replicó en este sentido que esta entidad, aunque es una empresa pública, es también una pyme y que esta cantidad responde al 30% del total que se le adeuda, de tal forma que su inclusión en la relación de perceptoras no responde sino al cumplimiento de la ley.