La delegada de Personal del Ayuntamiento de Mérida, Leonor Nogales, anunció ayer que el consistorio ha decidido iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a los 81 trabajadores que actualmente se encuentran "en fraude de ley". La administración local venía advirtiendo desde hace meses de la necesidad de reducir los fondos destinados a personal y había anunciado que estaba realizando un estudio sobre este tema durante los dos primeros meses del año. Desde la oposición, PSOE e IU, y los sindicatos rechazaron ayer frontalmente esta medida, que consideran innecesaria e ineficaz.

Nogales aseguró que próximamente se presentará el ERE y el plan de acompañamiento del mismo ante la Dirección General de Trabajo de la Junta e iniciará la negociación o consulta con los trabajadores. "Se plantearán medidas para evitar o reducir los despidos y atenuar sus consecuencias", aseguró Nogales, según informa el ayuntamiento. La delegada justificó la medida por la "insuficiencia presupuestaria del ayuntamiento", así como por "causas técnicas y organizativas".

El consistorio cuenta con 522 trabajadores en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT, que recoge los perfiles laborales consolidados), de los que 439 son funcionarios y 83, personal laboral, más los 39 del Centro Especial de Empleo La Encina (cinco funcionarios y 34 laborales). A estos se suman los trabajadores temporales y los que participan en planes de empleo como el programa Experiencia, aparte de a los que se considera en "fraude de ley" --personal laboral cuyo plaza no se ha creado oficialmente pero que empezó a trabajar en el consistorio y su contrato ha ido renovándose--, que ayer Nogales cifró en 81.

El ayuntamiento ha recalcado en las últimas semanas que paga un millar de nóminas, a las que se suman 200 empleados de las empresas concesionarias de servicios municipales, a las que paga la administración local. El capítulo de personal asciende este año a 20,32 millones, según el presupuesto.

Tanto la oposición como los sindicatos emitieron ayer comunicado en contra de esta medida. El PSOE aseguró que "no tiene justificación de tipo laboral ni económica", mientras que IU consideró que "desacredita al PP para gobernar la ciudad". Sindicatos como CSIF o CCOO también se manifestaron para rechazar una medida que vinculan a la "mala gestión", en el primer caso, y calificarla como "injustificable", en el segundo.