El servicio de vigilancia preventiva en el embalse de Proserpina durante la temporada de baños aún está en el aire. El nuevo gobierno municipal sostiene que no puede hacer frente a un servicio que desde el 2007 viene prestando Cruz Roja en virtud a un convenio que supone alrededor de 42.000 euros anuales. El portavoz municipal, Fernando Molina, señaló ayer que no es competencia del Ayuntamiento de Mérida garantizar la seguridad en este espacio, remodelado el año pasado con la adecuación de las playas y la construcción de paseos, chiringuitos adaptados a la normativa de vertidos, aseos y duchas públicas.
Molina anunció que ha solicitado a la Secretaría General del consistorio un informe jurídico sobre la responsabilidad del ayuntamiento en las tareas de seguridad en la zona de baños. En todo caso, el concejal emeritense avanzó que la intención del gobierno municipal es impulsar un nuevo dispositivo que sustituya al que hasta ahora venía desempeñando Cruz Roja, y que suponga un coste menor para las maltrechas arcas municipales. En dicho operativo tendrían cabida, según dijo Molina, la Policía Local y Protección Civil, así como Cruz Roja, aunque con un convenio "más operativo". Esto es, según el propio concejal emeritense, con una reducción de las cantidades destinadas a este fin, lo que supondría la consecuente disminución del despliegue de Cruz Roja en el embalse de Proserpina.
La organización firmó con el anterior equipo de Gobierno un convenio que garantizaba la cobertura sanitaria en la zona de baño de Proserpina en verano --además de otros servicios en la feria y en conciertos--, algo que hasta ese momento había venido realizado de forma "voluntarista", según indica Adolfo Ledesma, presidente local de Cruz Roja.
Desde el 2007 se encargaba de esta tarea una plantilla de ocho personas. El convenio sufragaba sus nóminas y la puesta en servicio de una ambulancia y una zodiac.
Ledesma ha confirmado que el ayuntamiento adeuda una anualidad a la Cruz Roja, la del año pasado. Una cantidad que se sitúa, por tanto, cerca de los 42.000 euros, y no en los 86.000 como indicó ayer Fernando Molina. En cualquier caso, espera que las negociaciones --hoy está prevista una reunión-- lleguen a buen puerto y se pueda prestar un servicio que considera necesario. No obstante, ha señalado que no comenzarán las tareas (normalmente empiezan a mediados de junio) mientras el consistorio no les adelante una cantidad necesaria para sufragar los gastos mínimos del operativo.
