La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la propuesta de sanción a la empresa Larry Smith, adjudicataria del proyecto de reforma y explotación del Mercado de Calatrava, por incumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato. El importe de la sanción asciende a 16.910 euros. Antes de que se conociera esta decisión del ayuntamiento, la entidad había informado a este diario de que estaba negociando con dos empresas su entrada como parte de la oferta del futuro mercado.

Una vez aprobada la resolución, no cabe ya reclamación si no es por los tribunales, por lo que este sería el final de la vía administrativa del proceso. A partir de ahora se inicia un nuevo expediente sancionador que determinará la resolución del contrato. Según ha informado en nota de prensa la portavoz municipal, Carmen Yáñez, se han agotado “todas las vías de negociación y conversaciones con la empresa para que retomaran la obra”, que estaba paralizada desde septiembre de 2019.

“La empresa nos trasladó que estaba viendo otras opciones para la viabilidad del proyecto, no llegando a presentarlas en ningún momento”, ha destacado. La delegada ha subrayado que la continuidad o no del proyecto no responde a “una cuestión de voluntad política”, si no que se trata de “cumplir con la legalidad de la ley de contratos y el pliego de condiciones de la concesión”.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno aprobó el 8 de octubre iniciar el expediente sancionador contra Larry Smith por incumplimiento de obligaciones contractuales relativas “al comienzo y ejecución en el plazo total o parcial de las obras”. A la empresa se le dio un plazo de cinco días hábiles para que pudiera presentar sus reclamaciones antes de fijar la multa por falta grave, pero no se recibió ninguna alegación.

Después de este trámite, el ayuntamiento comunicó a Larry Smith cuál era la sanción económica y la empresa presentó alegaciones manifestado que la paralización de las obras se debía a la situación sanitaria. En el informe del instructor del expediente sancionador se refleja que el ayuntamiento era conocedor de todas las actuaciones y dificultades, incluida la paralización de las obras, sin que en ese momento hubiera "ningún tipo de dificultad económica, social o sanitaria". El expediente señala que las obras se paralizaron solo durante 15 días por el Estado de Alarma, por lo que por lo que no es justificable que estuvieran paralizadas desde septiembre de 2019.