El ayuntamiento ha solicitado un informe técnico-jurídico sobre el edificio que ha construido el sindicato UGT en Mérida, un documento "no político" para analizar todos los pasos desde que se iniciaron los trámites. El alcalde, Pedro Acedo, informó ayer de esta decisión tras la junta local de gobierno y consideró que UGT y las organizaciones que la apoyan, como el PSOE, estarán "satisfechas", porque se trata de un informe técnico-jurídico y "no político" que permitirá contestar a "muchas preguntas".
Acedo cuestionó por qué el sindicato paga "180 euros al mes" por "3.000 metros en suelo municipal", al tiempo que ha manifestado que está "satisfecho" de que cualquier entidad pública o privada venga a la ciudad, pero indicó que "aquí no hay impunidad para nadie", de modo que el texto permitirá "depurar todas las posibilidades".
Por otra parte, la junta local aprobó la incorporación a la misma de la vicealcaldesa Raquel Bravo y el concejal Daniel Serrano, quienes sustituyen a los exconsejeros Manuel Balastegui y Oscar Baselga, cesados por una sentencia del Tribunal Constitucional y que ahora ocupan cargos de confianza. Además, se ha anulado el convenio para el proyecto Ciudad de los Mayores, presentado en el 2011 por el entonces alcalde socialista Angel Calle y en el que se proyectaban 5.000 plazas con una inversión de 400 millones de euros durante ocho años. Acedo aseguró que lo ocurrido con este tema ha sido "una tomadura de pelo".
