Repsol cierra la planta de almacenamiento y llenado de butano de Mérida, una decisión que afecta de forma directa a sus 26 trabajadores y a otros setenta subcontratados para servicios de limpieza o de vigilancia. Además de las repercusiones laborales que esta medida tiene para estos empleados, UGT, el sindicato mayoritario en esta empresa, advierte de la falta de abastecimiento que va a suponer el desmantelamiento.

A partir de ahora, UGT va a intentar negociar un expediente de regulación de empleo lo más favorable a los trabajadores y presionar todo lo posible para que no se cierre, indicó a EL PERIODICO EXTREMADURA, Enrique Fernández, uno de los responsables de FIA-UGT en la región, quien preció que "el cierre se ha comunicado internamente, pero todavía no es oficial". Para mañana tiene previsto informar, junto a otros compañeros del sindicato, sobres las repercusiones de esta decisión.

La de Mérida es una de las tres factorías que Repsol Butano va a cerrar en España, junto a las de Dos Hermanas (Sevilla) y Alicante; mientras que va a mantener las de Palencia, Zaragoza, Madrid y Granada, que también formaban parte de un plan de desmantelamiento en el país.

UN PROBLEMA MENOR Para Fernández, "el problema laboral, siendo importante, puede tener solución, porque se puede minimizar con un expediente de regulación de empleo". Sin embargo, lo más grave, a su juicio, es que "nos vamos a ver sin una reserva estratégica de butano no sólo en Mérida, sino en toda Extremadura". Para explicar la situación, pone como ejemplo qué sucedería en un invierno duro, en el que suba la demanda. En un caso así, "el abastecimiento corre peligro", porque lo tendrían que traer de Huelva o Madrid, ya que Extremadura es la única región de España que "se quedaría sin nada".

Respecto a los puestos de trabajo señaló que van a "intentar negociar un expediente de regulación de empleo lo mejor posible", pero habrá trabajadores a los que se indemnice, a otros se les trasladará, además de algunas prejubilaciones.