El presidente del consejo de administración de Carcesa, Joan Casaponsa, aseguró ayer que Roberto Vázquez, propietario de Extremadura 2000, renunció "verbalmente" a construir la nueva factoría de la conservera en Mérida, al no obtener del ayuntamiento el aprovechamiento urbanístico que pretendía en los terrenos donde ahora se asienta la fábrica. Además, Casaponsa señaló: "Nunca existió un contrato entre Carcesa y Extremadura 2000" para la cesión a la constructora de los terrenos a cambio de hacer las nuevas instalaciones.
El presidente de Carcesa explicó que la inexistencia de tal contrato hace que sea difícil de entender la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que condena a la conservera a pagar 9,5 millones de euros al constructor como indemnización, fallo que será recurrido antes del martes ante la Audiencia Provincial.
Casaponsa comentó que el único documento suscrito por ambas empresas es una declaración de intenciones donde las partes se comprometían a estudiar el tema y, en su caso, firmar un contrato antes del 30 de abril del 2002. Como quiera que dicho contrato no se firmó, Carcesa se vio liberada de cualquier compromiso y negoció con otras constructoras.
En cuanto al supuesto interés manifestado por Vázquez por comprar la conservera, Casaponsa apuntó: "Las empresas serias escuchamos planteamientos serios" y añadió que ni el constructor ni nadie había expresado que quisiera comprar la factoría.
Finalmente, rechazó por "falsas" las acusaciones de haber realizado presiones políticas y se preguntó por qué Vázquez no llevó el asunto a los tribunales hasta el 2005, cuando la ruptura del preacuerdo se había producido tres años antes.
