La delegada de Servicios Sociales, Mercedes Carmona, asumirá la gestión de Recursos Humanos mientras que la nueva concejala, Catalina Alarcón, gestionará Fomento del Empleo. Alarcón, que tomará posesión de su acta en el pleno del día 25, llevará también las áreas de Migraciones y Cooperación (hasta ahora competencia de Carmona) y el albergue municipal (dependiente de Carmen Yánez). El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, informó ayer de los cambios introducidos en el Equipo de Gobierno tras la marcha de Francisco José Bustamante, que renunció al cargo hace unas semanas tras denunciar su mujer al ayuntamiento por despido.

Osuna ha optado por dividir las competencias que ostentaba Bustamante, delegado de Recursos Humanos y Fomento del Empleo, de forma que la gestión de personal la asumirá Mercedes Carmona, actual delegada de Servicios Sociales, Mayores, Vivienda e Intermediación frente a los Desahucios, y la nueva edil, Catalina Alarcón, se quedará con Fomento del Empleo. La primera se encargará de efectuar convocatorias de empleo público, nombrar a los funcionarios de carrera, resolver las convocatorias y provisión de puestos de trabajo, nombrar y cesar al personal interino o contratar y despedir al personal laboral, mientras que en la segunda recaerá la gestión de los planes de empleo y la formación. Alarcón asumirá además Migraciones y Cooperación, hasta ahora gestionado por Carmona, y el albergue municipal, que dependía de Carmen Yáñez. "El resto de delegaciones se mantienen igual, no hay mucho cambio", indicó el alcalde.

GASTO EN PERSONAL Coincidiendo con el nombramiento de la nueva delegada de Recursos Humanos, Osuna informó que se llevará a cabo un estudio "riguroso" para determinar el gasto "real" del ayuntamiento en personal, ya que debido a las plazas que hay sin ocupar y que no se han amortizado, la partida que se incorpora en los presupuestos para este fin es mayor al gasto que realmente se produce.

Osuna recordó que las directrices del Ministerio de Empleo pasan por reducir un 5% el gasto en Personal --en la pasada legislatura ya se rebajó de 27 a 20 millones, según datos de Pedro Acedo-- y no incrementar más de un 1% la masa salarial. Para llevar a cabo el estudio se incorporarán un jurista y un economista. El objetivo es determinar el número de plazas que están actualmente sin ocupar para que puedan amortizarse y así no se tengan que incluir en el presupuesto. "Vamos a dar una vuelta de tuerca a la gestión de personal para rentabilizar los recursos y economizar costes", dijo. El alcalde garantizó que con esta medida se cumplirán las directrices del ministerio y por tanto, descarta que vayan a producirse nuevos despidos.