El sindicado CCOO denuncia que la última propuesta del Ayuntamiento de Mérida es un ERE sustitutivo, modalidad que, asegura, legalmente no cabe para las administraciones pues "lo único que se pretende es sustituir a unos trabajadores por otros, cometiéndose un fraude laboral".

El sindicato explica que esta propuesta, "carente de amparo legal", propone que las 83 personas afectadas se acojan voluntariamente a una reducción de jornada de tiempo completo a tiempo parcial, mediante el artículo 12.4.e del Estatuto de los Trabajadores, y se les ofrece a cambio una indemnización de 20 días por año, siempre que la reducción sea igual o superior al 50%.

CCOO alerta de que "no se prevé indemnización por este tipo de reducción voluntaria", con lo que "una vez más se demuestra que el ayuntamiento está intentando engañar a los 83 trabajadores y trabajadoras incluidos en el ERE".

El personal afectado por esta reducción pasaría a "una mayor situación precaria en esta crisis con una mensualidad de 450 euros, sin derecho a desempleo" y la propuesta, agrega, acarrearía "deficiencias en los servicios prestados a la ciudadanía en los centros afectados".

En este sentido, cita los servicios sociales de base, que atienden a más de 5.000 familias, la guardería infantil, el parque de obras y deportes, el turismo con una atención a más de 150.000 personas en 2012 o la gestión de expedientes administrativos.

Añade el caso de los trabajadores afectados del Centro de Empleo Especial La Encina, que están subvencionados con el 100% de los costes sociales, más el 50% del SMI, y que, de acuerdo a la legislación vigente, "deben de gozar de una especial protección".

Mientras, según el sindicato, el consistorio realiza en algunos centros contrataciones temporales con fondos propios donde ya existen puestos afectados por el ERE, como en el cementerio, Servicios Sociales de Base, en el personal de Administración General o en el Parque de Obras, entre otros.

Por todo ello, el sindicato cree que el ayuntamiento "está intentando engañar a los trabajadores, forzándolos a solicitar una reducción de jornada que no desean" y está presuntamente realizando actuaciones de "dudosa legalidad" para que los trabajadores del ERE acepten "voluntariamente" esa reducción de jornada.