La investigación policial para esclarecer lo ocurrido el pasado 3 de agosto en un bloque de la calle Jarandilla, en la barriada de San Lázaro de Mérida, ha concluido con la detención de 15 personas, doce de los cuáles se encuentran en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio, y la intervención de doce armas de fuego, además de chalecos antibalas y numerosa munición. Este balance ofrece una visión de la magnitud que alcanzó un tiroteo que se produjo en la calle, a plena luz del día y a escasos metros de la Comisaría de Policía, en el que murieron dos personas, una mujer de 71 años y su hijo, y un herido grave, y en el que se calcula que el número de disparos realizados superó ampliamente el centenar. Algunos testigos señalaron que el intercambio duró varios minutos, lo que permitió la llegada de la policía y la rápida detención de varios de sus participantes.
Con motivo de la última detención relacionada con este asunto practicada en Madrid el pasado 6 de octubre, la Policía Nacional ofreció ayer, por primera vez desde lo ocurrido, datos sobre la investigación más allá del número de arrestados. Hasta ahora se sabía, principalmente por testigos presenciales y por la gran cantidad de casquillos encontrados en la escena del tiroteo, que se habían utilizado varias armas y de diferente calibre.
Las detenciones practicadas y los registros realizados en domicilios de Mérida, en la barriada sevillana de las Tres mil viviendas, y esta última en la capital española, han permitido intervenir siete pistolas, cuatro escopetas y un revólver, además de munición, chalecos antibalas y más de kilo y medio de joyas, entre otros efectos.
Todo ello ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Mérida que es el responsable de la investigación de un enfrentamiento entre dos clanes gitanos de la ciudad desencadenado por un asunto de celos tras la ruptura de una pareja joven formada por miembros de ambas dinastías.
HUIDA DE SAN LÁZARO
Desde aquel día de principios de agosto la barriada de San Lázaro, considerada la de mayor marginalidad de la capital extremeña, no ha vuelto a ser la misma. Tras el tiroteo y las muertes, las familias del clan rival emprendieron la huída en cumplimiento de las leyes gitanas que obligan al destierro a quienes provocan un daño como el ocasionado en este caso, así como para evitar represalias. Estas llegaron en forma de destrozos en sus viviendas. Como informó este diario el pasado lunes, un total de 37 viviendas de San Lázaro han sido abandonadas por sus inquilinos, todos ellos vinculados a la familia desterrada. Muchas de ellas fueron desvalijadas, lo que obligó a su titular, la Consejería de Fomento, a tapiarlas para evitar nuevos destrozos. Pero no solo se marcharon familias de San Lázaro, sino que también lo hicieron de otros puntos de la ciudad. En total se estima que han abandonado Mérida más de 200 personas.
Pocas horas después del tiroteo la Policía arrestó a siete individuos relacionados con el suceso. Posteriormente se fueron produciendo nuevas detenciones. Cuatro de ellos fueron apresados en Sevilla el 8 de septiembre. Según los datos ofrecidos por la policía, responden a las iniciales de J.D.V, de 35 años, M.A.D.V de 33 años, J.S.V de 31 años y J.C.V. de 39 años edad. A dos de ellos se les imputan sendos delitos de homicidio doloso, mientras que a los otros dos se les acusa de tenencia ilícita de armas y encubrimiento.
Al detenido en Madrid, F.M.V., de 36 años de edad, se le intervino una pistola de la marca Glock, con dos cargadores, además de 11.400 euros y un chaleco antibalas. Está acusado de un presunto delito de homicidio y tenencia ilícita de armas. Los agentes investigan actualmente la muerte de una mujer a primeros del mes de septiembre en el Puerto de Santa María (Cádiz) que podría guardar relación con los hechos ocurridos en agosto.
