La vista oral seguida en el Juzgado de lo Penal número 1 contra los cinco sindicalistas acusados de un presunto delito de coacciones, amenazas e injurias quedó ayer vista para sentencia.

En la segunda jornada se vieron dos vídeos, uno aportado por la acusación particular y otro por el abogado de UGT. En la grabación se recogen imágenes de los acontecimientos acaecidos en La Algodonera, cuando los encausados impidieron que salieran los autobuses introduciéndose debajo. Fueron emitidas en su momento por Telemérida. Luego se leyeron las conclusiones, donde las partes se ratificaron en sus peticiones.

Así, para cada uno de los imputados: el secretario regional de UGT, Miguel Bernal; el exsecretario regional de CCOO, Valentín García, el delegado sindical de UGT, Juan Manuel González y los representantes sindicales de CCOO, Juan Luis Lancho y Juan Espino, la fiscalía solicita una multa de 18 euros diarios durante 20 días por una falta de coacciones.

CARCEL Y MAS MULTA Por su parte, la acusación particular pidió, para cada uno de los imputados, 18 meses de prisión por un delito de amenazas; seis meses de multa con una cuota diaria de 30 euros por un delito de injurias y dos años de prisión por un delitos de coacciones, e indemnizar con 3.000 euros al gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Prudencio González, por daños morales y 6.000 euros por daños y perjuicios a la empresa, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

Los abogados defensores de UGT y CCOO solicitaron, por su parte, la absolución.

La fiscalía basó su petición en que se excedieron en sus funciones como piquetes informativos al colocarse debajo de los vehículos para que no salieran, impidiendo que los conductores que querían trabajar lo hicieran.

Argumentos parecidos utilizó la acusación particular, que consideró que los conductores fueron amedrantados por la actuación de los piquetes, sobre todo cuando dijeron que iban a quemar los autobuses si salían. También defendió que sí hubo un decreto con los servicios mínimos que no pudo ser respetado, y del que se tenía constancia en la Delegación del Gobierno, "que autorizó la salida, por lo que estaban legitimados".

El abogado de CCOO afirmó que la querella puesta contra sus defendidos tiene tintes políticos al depender la empresa del ayuntamiento. También señaló que había quedado demostrado que los servicios de autobuses no contaban con un decreto que regulase los servicios mínimos, "sólo se ha aportado un escrito del gerente", dijo y añadió que se había incumplido el acuerdo alcanzado en el cuartel Hernán Cortés de que no iban salir los autobuses de La Algodonera. "Solo en ese contexto se debe entender la actitud de la cadena humana que se introdujo debajo de los autobuses y las expresiones que se vertieron", argumentó.

"MENTIRAS Y ENGAÑOS" Por su parte, el abogado de UGT afirmó que la querella se basaba en "mentiras y engaños. El servicio público no contaba con servicios mínimos y los conductores fueron a trabajar creyendo que iban como servicios mínimos y les hicieron firmar un documento como que habían recibido coacciones y amenazas", explicó.

También mostró su extrañeza porque la fiscalía y la acusación mantuviesen la petición de pena contra Juan Manuel González, que no estuvo en La Algodonera, y por pedir una indemnización para Prudencio González.