El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida va a formar a policías y ciudadanos para ejercer una lucha más efectiva contra los destrozos que sufre el yacimiento arqueológico emeritense. El reciente caso de los daños en las termas de San Lázaro, que se han producido en dos ocasiones diferentes en menos de un mes, ha sido el último episodio protagonizado por quienes no respetan el patrimonio cultural e histórico de la ciudad.
Para evitar que se vuelvan a producir se van a poner en práctica unas medidas que pretenden implicar más al conjunto de la ciudadanía en la protección de su principal fuente de recursos económicos, y evitar así que "unos pocos" vuelvan a provocar un daño muy difícil de reparar.
El Consorcio no quiere renunciar a su apuesta por acercar cada vez más los monumentos a los ciudadanos y a los visitantes, por lo que considera que la respuesta ante los ataques de una minoría no puede centrarse en colocar vallas más altas que los protejan, sino que se trata más bien de una cuestión de educación. Con el fin de que las fuerzas de seguridad conozcan mejor los monumentos, cuáles son los más vulnerables a este tipo de actos, y cómo actuar ante casos de esta naturaleza, se están preparando unos seminarios intensivos por los que pasaran todos los agentes de la policía local --también se quiere trabajar con el Cuerpo Nacional de Policía--, cuya celebración está prevista para el próximo mes de abril.
Pero no solo la policía vigilará los restos arqueológicos. El Consorcio quiere otorgar un papel más activo a los vecinos, especialmente a los que viven cerca de los monumentos. Recibirán en sus casas una carta en la que se les pedirá su colaboración en la protección de los bienes, adoptando simples medidas como llamar inmediatamente a las fuerzas del orden cuando observen comportamientos inapropiados como los botellones que han acabado dañando las termas de San Lázaro.
Charlas en los centros educativos reforzarán el mensaje a los jóvenes de que deben proteger su propio patrimonio. Los mayores también tendrán un papel importante, con la puesta en marcha de grupos de voluntarios eméritos que tras una fase de formación ejercerán como verdaderos protectores del patrimonio.
Otra de las medidas que viene reclamando el consorcio en los últimos tiempos es la suscripción de un acuerdo con la Fiscalía de Menores para que los jóvenes que dañen los monumentos reciban como condena la realización de trabajos sociales bajo la supervisión del propio organismo público encargado de gestionar, proteger y difundir el legado patrimonial de la ciudad.
Una vez reparados los daños en las termas de San Lázaro, el consorcio quiere esperar a la puesta en marcha de estas medidas y a sus resultados antes de adoptar otras más drásticas. Miguel Alba, director científico de la entidad, está convencido de que funcionarán y que la filosofía de acercar cada vez más los monumentos al ciudadanos es el camino correcto. Un nuevo ejemplo de esta estrategia está a punto de hacerse realidad, con la apertura del espacio creado tras las obras de adecuación del entorno del Templo de Diana, que ha sustituido una valla perimetral que obligaba a observarlo desde la distancia por la posibilidad de acercarse hasta tocar con las manos el monumento.
Alba confía en que este espacio escapará a los vándalos, como así se demuestra con otros bienes que están al alcance de los ciudadanos, fuera de la protección de un recinto cerrado como ocurre con el teatro y el anfiteatro romanos.
Son muchos los ejemplos en los que así ocurre, como el Arco de Trajano, los acueductos, los puentes o la muralla de la alcazaba que salvo casos puntuales no sufren ataques vandálicos, y sostiene que hay otros monumentos, que por ocupar lugares más alejados del centro de la ciudad son más susceptibles de sufrir ataques. También hay excepciones, como el recinto del Xenodoquio, muy cerca de las termas atacadas, que sin embargo nunca ha sufrido daños a pesar de estar al alcance de cualquiera.
