La Junta Local de Gobierno ha dado cuenta del decreto del Servicio Público de Empleo por el que se concede al Ayuntamiento de Mérida una cuantía de 768.000 euros para el plan de empleo social 2018-2019; a través del cual contratará a 128 parados de larga duración. Los contratos se realizarán en dos periodos de 6 meses en el que se contratará a 64 trabajadores por periodo. Los nuevos trabajadores iniciarán su labor una vez que terminen los trabajos que desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre están realizando otras 63 personas contratadas en la última fase aprobada de este mismo plan, para la que el consistorio aportó 108.000 euros y la Junta de Extremadura 378.000.

Entre los requisitos para optar a estas contrataciones destaca que el aspirante debe ser parado de larga duración, esto es, que no haya trabajado en los últimos doce meses más de 30 días a jornada completa o 60 a jornada parcial. En el supuesto de personas trabajadoras que trabajen en el sistema especial agrario del Régimen General solo se computarán las jornadas reales efectivamente trabajadas. Además, por lo general el interesado no puede ser beneficiario de prestaciones o subsidios por desempleo, salvo excepciones.

Actualmente trabajan gracias a este plan dos monitores socorristas, dos monitores de ocio y tiempo libre, dos conductores de maquinaria pesada, una ATS, dos conserjes-supultureros mantenedores, 11 operarios múltiples, 15 conserjes mantenedores, dos operarios de mantenimiento de piscina, un auxiliar de biblioteca, tres auxiliares administrativos, un auxiliar de veterinaria, un informador turístico, cuatro limpiadores y 18 oficiales de distintas disciplinas.

EN EXTREMADURA // Un total de 410 municipios y entidades locales menores extremeñas recibirán 19,1 millones de euros para contratar a casi 3.200 parados de larga duración a través del plan de empleo social.

Las subvenciones están destinadas a la creación de empleo mediante la contratación de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social para la ejecución de actuaciones tales como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, servicios personalizados, asistencia social, o cualquier otro destinado a facilitar la inserción sociolaboral de este colectivo.

Los aspirantes no deben ser beneficiarios de prestación contributiva por desempleo y la unidad familiar de convivencia no debe superar los límites de ingresos o rentas fijadas en el decreto.