El Ayuntamiento de Mérida ha abierto un expediente de disciplina urbanística a la promotora de las viviendas deshabitadas de El Prado, que recientemente han sido ocupadas. Las razones, según explicó ayer el alcalde, Pedro Acedo, son "las condiciones insalubres y la falta de seguridad que afecta al inmueble". La empresa paralizó las obras hace ya más de dos años y hace un mes comenzaron a ser habilitadas por el Campamento Dignidad, que planteó terminar el arreglo a cambio de que pudieran vivir en los pisos todas aquellas familias desahuciadas que lo solicitaran. Las labores de limpieza y reforma se llevan a cabo cada domingo desde el pasado 14 de julio. La empresa constructora Dragados y la entidad financiera La Caixa deben tomar una decisión sobre el destino del inmueble.

Se trata de un total de 120 viviendas sin acabar, construidas únicamente en un 70%. Las obras de los pisos ubicados en la avenida Duque de Ahumada se paralizaron hace ya dos años y medio. Puesto que las viviendas se encontraban vacías, el Campamento Dignidad decidió emprender una campaña para conseguir la cesión de los bloques a las familias desahuciadas que lo solicitaran. "Una expropiación forzosa por una razón de interés social", como ellos mismos la describen.

DIALOGO ABIERTO Miembros del campamento se reunieron hace un par de semanas con la entidad financiera responsable, La Caixa, para intentar llegar a un acuerdo. En dicha reunión la entidad se comprometió a estudiar la propuesta, previa negociación con Dragados, según los activistas. Ahora, el ayuntamiento ha decidido aprobar un expediente para que la promotora lleve a cabo el cierre y la retirada de escombros de las casas e impida que nadie viva en ellas si no es su propietario.

El alcalde declaró que las medidas legales van dirigidas hacia las empresas implicadas porque, según afirman, son las responsables de la situación del inmueble. "La empresa no tiene permiso de primera utilización y por lo tanto ha de procederse al cierre inmediato; en caso de que no lo hagan ellos, lo haremos nosotros de manera subsidiaria", dijo el regidor.

El permiso de primera utilización es una licencia que el ayuntamiento debe adjudicar a la promotora, previa solicitud, para que los pisos puedan estar habitados. En caso de no haberse otorgado, como es el caso, "se están incumpliendo los requisitos legales", en palabras de Acedo. Según indicó, la decisión ha venido motivada por las denuncias de los vecinos de la misma urbanización.