El Juzgado de lo Social de Mérida ha fallado a favor del ayuntamiento y ha desestimado la demanda formulada contra él por seis trabajadores contratados por el Fondo Social Europeo, en la que reclamaban la fijeza en la plantilla municipal.

Según el consistorio, los trabajadores entendían que había existido fraude de ley en su contratación ya que las funciones para las que fueron contratados no fueron las que realizaron después sino otras diferentes.

Sin embargo, según el ayuntamiento, el fraude no se ha podido demostrar y la jueza ha considerado que el consistorio ha actuado de forma correcta en la contratación y encomienda de funciones a los trabajadores, contratados durante un año y financiados por el Fondo Social Europeo, cinco de ellos como peones y uno como oficial de mantenimiento en Obras.