El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha emitido una sentencia en el que declara nulo el decreto que regula la cédula de habitabilidad de la Junta, tras el recurso del Ayuntamiento de Mérida, informó ayer el alcalde Pedro Acedo.
En el fallo se señala que "estimando el recurso del Ayuntamiento de Mérida declaramos nulo de pleno derecho el decreto por no estar ajustado al ordenamiento jurídico".
INJUSTO Acedo explicó que recurrieron el decreto "por considerarlo injusto, ya que era una intromisión al funcionamiento de un ayuntamiento, porque al ser la competencia en urbanismo de la Junta, si cede una de sus competencias que sea de mutuo acuerdo y con su transferencia económica correspondiente".
El ayuntamiento expide al año unas 250 cédulas de habitabilidad al precio de 300 euros cada una. La cédula de habitabilidad es un documento técnico por el que se acredita a los ciudadanos que una vivienda es apta par la residencia humana, ajustándose a criterios de habitabilidad, seguridad estructuras y constructiva. El papel de los ayuntamientos es el de comprobar, certificar y firmar dicha cédula de habitabilidad.
Respecto a la discrepancia entre las sentencias de los recursos de Badajoz y Mérida, ya que el Tribunal rechazó el recurso del ayuntamiento pacense sobre el mismo decreto, Acedo indicó que se deberá al fundamento de cada impugnación porque "los jueces analizan las alegaciones de cada recurso".
Acedo indicó que la sentencia, una vez que sea firme, afectará a toda la región.
Por su parte, la Junta de Extremadura destaca que el mismo Tribunal ha dictado dos sentencias, una ajustada a derecho la regulación de la cédula de habitabilidad, y otra declarándolo nulo por no haber sido informada por el Consejo de Estado, lo que consideran un defecto formal y no de contenido.
Además señalan que no es correcta la interpretación de Acedo "justificando la anulación del decreto en una intromisión de la Administración regional en la autonomía local o por la ausencia de compensaciones económicas", porque esos hechos se juzgaron en una sentencia anterior en la que el Tribunal consideraba ajustada a derecho la disposición recurrida, que la cédula de habitabilidad continúa en vigor y que los ayuntamientos deben seguir exigiéndola.
La Junta está estudiando tanto la posibilidad de recurrir la sentencia como la de presentar el mismo decreto a aprobación del Consejo de Gobierno, una vez informado por el Consejo Consultivo de Extremadura.
