Aún no ha tenido efecto, pero el expediente que el Ayuntamiento de Mérida abrió el mes pasado sobre la situación de la urbanización Los Alamos en el barrio de El Prado, donde varias familias apoyadas por miembros del Campamento Dignidad han ocupado algunos pisos que estaban sin terminar, podría desembocar en sanciones. El alcalde, Pedro Acedo, explicó ayer que el consistorio ha contactado con todas las partes implicadas --la promotora, que quebró, la administración concursal y la financiera, que podría ser la nueva propietaria-- y que está a la espera de que se materialice, por parte de quien corresponda, el cerramiento preceptivo, para "si no, actuar en consecuencia".

Acedo recordó que también se ha comunicado al juzgado la existencia de viviendas ocupadas. "Hemos solicitado a los responsables que cumplan con la licencia que se les otorgó en su día, que se cierre, por lo que ya se ha dicho", en referencia a los riesgos para la seguridad y las quejas de vecinos, estas últimas, dijo ayer, recibidas "aunque no siempre se manifiesten públicamente".

"TECHO DIGNO" En los edificios residen varias familias que, con apoyo de miembros del Campamento Dignidad, han trabajado en la terminación de los pisos. "Me echaron de mi casa con cuatro hijos y estoy intentando buscarles un techo digno, ya que no tengo otros medios y la administración no me ayuda", manifiesta Ana, una de las inquilinas. Según explica, desde hace semanas la Policía vigila la zona y les advierte que no puede haber menores, porque se avisaría a los servicios sociales ante la falta de medios como el agua o la luz: "En cambio, en la calle sí les dejan", lamenta la afectada.

El diputado regional de IU Víctor Casco visitó el jueves la zona y aseguró que va a hacer una interpelación en la Asamblea al consejero de Fomento para reclamar que mejore la política de residencias públicas y dé una solución para estas familias. Desde la consejería responden que estas personas pueden recurrir a los servicios sociales, para determinar si les corresponde acceder a una vivienda social por la vía de urgencia.

El concejal de Siex, Antonio Vélez, anunció hace unas semanas que va a presentar una moción en el pleno para reclamar que el Gobierno regional se haga con la propiedad de esos pisos y los ponga a disposición de las familias que lo necesiten. El PSOE, por su parte, ha lamentado recientemente el retraso en la entrega de 40 viviendas sociales de la Junta, afirmando que podrían haber evitado este tipo de situaciones.