El ayuntamiento indemnizará a una trabajadora por despido improcedente, según una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En el fallo, el consistorio tenía la posibilidad de readmitirla o indemnizarla con 10.000 euros, lo que finalmente hizo.

El grupo municipal socialista considera que esta sentencia es un ejemplo de "la política de personal y la mala gestión que se hace de fondos públicos por parte del equipo de Gobierno".

Por su parte, Servicios Sociales afirma que acata pero que no comparte la sentencia, que en primera instancia dio la razón al ayuntamiento. También dice que el despido fue debido a una reestructuración y que resolvieron "una situación que era más gravosa para las arcas municipales que la indemnización".