La gestión de las piscinas volverá a ser municipal tras haber finalizado el concurso para su licitación sin que se haya presentado ninguna empresa privada. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, afirmó ayer que "la voluntad del equipo de gobierno siempre ha sido la de gestionar con recursos públicos este servicio", no obstante, esta idea no se podía llevar a cabo por la Ley de Presupuestos generales del Estado para 2016 que impedía la contratación de personal temporal salvo necesidad urgentes, entre otras medidas.

Con el objetivo de abrir las piscinas el próximo 1 de julio, se aprobó ayer en la Junta de Gobierno Local el inicio de los trámites para tratar que los gastos de gestión sean los "mínimos posibles" y estudiar las necesidades de personal. En este sentido, Osuna aclaró que en las instalaciones trabajarán funcionarios del consistorio y trabajadores procedentes de las plazas del Plan de Empleo Social. Asimismo, la semana que viene se abrirá una convocatoria de contratación pública para aquellas plazas que no pueden cubrir con el personal del ayuntamiento, como son vigilantes, conserjes, enfermeros y socorristas.

"La puesta a punto en cuanto al mantenimiento ya se ha hecho casi al completo y las piscinas están en buen estado", aseguró el primer edil, quien destacó que, en previsión de que el concurso pudiera quedar desierto, el gobierno municipal ya había iniciado las actuaciones para el adecentamiento de las tres piscinas municipales de la Argentina, Diocles y Guadiana. A juicio de Osuna, la ausencia de empresas interesadas en gestionar el servicio responde a cuestiones propias de "la oferta y la demanda" y, por lo tanto, es tan solo una "decisión empresarial".

PROVEEDORES Entre otros asuntos tratados en la Junta de gobierno, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, avanzó que el periodo medio de pago a proveedores entre los meses de marzo y abril ha sido de 132 días, cinco días más con respecto a los datos del primer trimestre. Según la delegada, este aumento responde a que el consistorio ha tenido que hacer frente a una serie de reclamaciones judiciales y de sentencias económicas "que vienen de la anterior legislatura, reintegros, devolución de subvenciones o tributos del Estado de hasta 600.000 euros". Respecto a la impugnación del convenio de la plaza de toros por IU, y al que se ha sumado el PP, manifestó que "no existe ni una sola irregularidad y estamos cansados de acusaciones gratuitas sin argumento legal".